La Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional confirmó ayer el archivo de la querella interpuesta contra el exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), Miguel Pimentel Kareh, por un hermano suyo que lo acusa de haberlo estafado con US$25 millones en la venta de acciones de una empresa turística que era de propiedad común de ellos.
El tribunal de alzada es de criterio de que ese caso no es penal, por lo que ratificó el archivo de la querella dispuesto por la Fiscalía del Distrito Nacional.
De acuerdo al expediente, Miguel Pimentel era socio de su hermano Víctor Pimentel en la empresa Caribbean Village and Resort en un 40% de las acciones (20% cada uno), la cual se dedicaba al mercadeo y operación de hoteles. No obstante, relató Castro, Miguel Pimentel vendió todas las acciones y no le dio la parte que le correspondía a su hermano.
La instancia señala que a principio de los años 90, los hermanos Víctor Eduardo y Miguel Antonio Pimentel Kareh poseían el 40% del total accionario de la compañía Caribbean Village And Resort Dominicana, dedicada a la operación de hoteles y que dichas acciones estaban a nombre de una compañía propiedad de ambos, la cual era también propietaria del Hotel Decameron, en Juan Dolio.
Añade que Miguel Pimentel Kareh en un viaje que hiciera al exterior se enteró de que a la compañía se incorporaría un poderoso grupo de inversionistas extranjeros, aportando cuantiosos inmuebles hoteleros, propuesta que Miguel no presentó a su socio y hermano.
La querella agrega que durante varios días el querellante llamó a su hermano y socio para que le diera la parte que le correspondía de las acciones vendidas por una suma de 200 mil dólares, pero que el exfuncionario no le entregó los más de 25 millones de dólares que le correspondían.
La instancia contra el exdirector de OISOE fue archivada en agosto del pasado año, porque alegadamente los hechos cometidos no son penales, sin embargo, a juicio del abogado del querellante Tomás Castro, la procuradora de Corte, Berenice Reynoso estableció que los hechos son faltas de carácter moral.
