Santo Domingo.— El Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional confirmó la prisión preventiva contra el capitán de la Policía, Nelson Valdez implicado en una red acusada de sustraer más de 900,000 municiones de la Policía Nacional.

Valdez se desempeñaba como encargado del Depósito de Armas, Municiones y Pertrechos al momento en que fue desmantelada la estructura, en el marco de la Operación Pandora, ejecutada en noviembre de 2024.

Según el expediente, el grupo habría provocado un desfalco al Estado superior a los 92 millones de pesos, mediante la sustracción de 836,970 municiones y 645 pertrechos bajo custodia de la Intendencia de Armas, durante la gestión del coronel Narciso Antonio Feliz Romero, quien también cumple prisión preventiva por el caso.

Red de corrupción y proceso judicial

El proceso incluye además a Víctor Manuel Santos Rodríguez, Ángel Rubiel Martínez Bacilio, Juan Luis Díaz Medina, Juan Miguel Soler Pérez, Morelbin Medina Pérez, Marino Antonio Rodríguez Toribio y Miguelina Bello Segura, quienes enfrentan distintas medidas de coerción.

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La fiscal Rosa Ysabel explicó que la medida contra el capitán Valdez se mantuvo al no variar los presupuestos que dieron origen a su imposición, al tiempo que detalló que se le atribuye la sustracción y venta de municiones, incluidas de alto calibre, a militares y civiles.

Asimismo, junto al representante del Ministerio Público, Jhensy Víctor, informó que el tribunal presidido por la jueza Patricia Padilla dejó sin efecto la revisión obligatoria de medidas contra algunos imputados, tras haberse conocido previamente recursos de apelación.

Audiencia y acusación formal

La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) acusa a 11 personas de integrar esta red dedicada a la sustracción y venta ilegal de municiones, armas y explosivos de la institución.

La audiencia preliminar para conocer la acusación y las pruebas fue fijada para el 14 de abril de 2026, en el Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.

De acuerdo con la investigación, los imputados habrían participado directamente en maniobras para desviar estos materiales y comercializarlos de forma ilícita, obteniendo beneficios económicos en perjuicio del Estado dominicano.