Durante una rueda de prensa, el canciller dominicano, Roberto Álvarez, dijo que por el contrario el Gobierno dominicano ganó 11 millas náuticas cuadradas (37.7 kilómetros cuadrados)
Santo Domingo. – El Gobierno dominicano negó categóricamente este jueves que haya cedido espacio marítimo a Holanda en sus territorios en el Caribe como se ha venido denunciando tras el Tribunal Constitucional (TC) haber avalado el acuerdo entre ambos países.
Durante una rueda de prensa, el canciller dominicano, Roberto Álvarez, dijo que por el contrario el Gobierno dominicano ganó 11 millas náuticas cuadradas (37.7 kilómetros cuadrados) de espacio marítimo, consolidando su soberanía y ampliando su jurisdicción marítima con la firma del Acuerdo de Delimitación Marítima con el Reino de los Países Bajos (Holanda).
Las negociaciones entre ambos Estados se autorizaron en la Administración del presidente Danilo Medina (2012-2020) y fueron lideradas por la Comisión Nacional de Delimitación de Fronteras Marítimas creada mediante el decreto 237-18). El acuerdo aún no ha sido ratificado por el Congreso Nacional, aunque ya el TC dijo que no tiene choque con la constitución.
El ministro de Relaciones Exteriores explicó que la firma del acuerdo, que tuvo lugar el 5 de julio de 2021, establece un marco regulatorio para la delimitación marítima y derechos de explotación, contribuyendo de manera significativa a la estabilidad regional.
Álvarez resaltó que el acuerdo se alcanzó aplicando el principio de equidistancia y siguiendo la experiencia previa de negociaciones con Colombia y Venezuela, lo que fortaleció la posición del país en el proceso. Además, afirmó que es una negociación única y exclusiva en la frontera marítima Sur de República Dominicana.
Beneficios del Acuerdo
El canciller dominicano expresó que el acuerdo garantiza que República Dominicana preserve su condición de Estado archipelágico, obteniendo claridad sobre su suelo y subsuelo marino, así como sobre su zona económica exclusiva y derechos de pesca.
“Este avance permite, además, la exploración y explotación de estructuras geológicas y yacimientos minerales, asegurando que el país mantenga control sobre sus recursos naturales”, sostuvo.
Puntualizó que “esta negociación se hizo cumpliendo con la Constitución y las leyes, las normas del derecho internacional, logramos el mejor acuerdo posible en los términos más favorables para Republica Dominicana que permite el derecho del mar, utilizamos la equidad como la guía en las negociaciones y ganamos mar”.
Apoyo Jurídico y Aval Internacional
Álvarez recordó que este acuerdo fue respaldado por el Tribunal Constitucional que lo declaró por sentencia acorde a la Constitución de la República, en la que dictaminó que el principio de equidistancia, aplicado para definir los límites territoriales, “es la solución más equitativa para la delimitación territorial marítima entre ambos Estados”.
Esto así, según lo explicó el canciller, debido a que la Convención de las Naciones Unidas para los Derechos del Mar (CONVEMAR) no define ni menciona cómo se lleva a cabo un proceso equitativo de delimitación, por lo que según la jurisprudencia, para llegar a la una solución equitativa se requiere seguir tres pasos: construir una línea media equidistante, verificar si existen circunstancias relevantes o especiales que perjudiquen trazar esta línea y que no haya desproporcionalidad que exceda de 9 a 1.
“Desproporción que no se da en la negociación con Países Bajos”, subrayó.
Proceso de negociación y alianzas estratégicas
Indicó que el proceso de delimitación marítima inició en 2019, por lo que el ministro de Relaciones Exteriores dijo que, apoyando la continuidad del Estado, el Gobierno del presidente Luis Abinader completó las negociaciones con Países Bajos y sometió el acuerdo firmado al control preventivo del Tribunal Constitucional luego de establecer una sólida posición que fue aceptada por el Reino de los Países Bajos mediante una nota diplomática.
“Las reuniones de negociación contaron con el respaldo técnico y las opiniones favorables del Ministerio de Defensa, la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, la Armada de República Dominicana, la Autoridad Nacional de Asuntos Marítimos (ANAMAR), instituciones miembros de la Comisión con el apoyo del Instituto Cartográfico Militar y el Instituto Geográfico Nacional; equipo que ha sido esencial en la defensa de los intereses marítimos dominicanos y en la formulación de una posición estratégica que consolidara los derechos y la soberanía del país”, agregó el canciller.