El juez especial de la instrucción de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, rechazó todos los incidentes presentados por los siete imputados de caso Odebrecht, en los que pedían la nulidad de los acusación presentada por el Ministerio Público contra ellos.

Incidentes por prescripción penal, la nulidad del caso y la inadmisibilidad de las pruebas; Non bis in ídem (Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito”. Este último incidente fue presentado por los abogados del imputado Víctor Díaz Rua, exministro de Obras Públicas.

El juez también se declaró competente para conocer el caso, rechazando así un pedido hecho por la barra de la defensa de los encartados. El magistrado también rechazado la designación de intérpretes para traducir los referidos documentos que el Ministerio Público presentó como pruebas.

Al cierre de esta edición, todavía las secretarias del tribunal leían la sentencia preliminar, que decidiría si de manera total o parcial, los acusados eran enviados a juico de fondo o en su defecto se declaraba Un No a Lugar.

El magistrado Ortega Polanco inició de manera forma puntual a las 9:00 de la mañana con la lectura del fallo preliminar del caso que se sigue a siete imputados de recibir sobornos de la constructora Odebrech.

El tribunal inició dando lectura a la tipificación de la acusación del Ministerio Público y a los incidentes de inadmisibilidad presentados por la defensa de los imputados.

La lectura de la sentencia se lleva a cabo en la Primera Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, la cual fue abarrotada de personas.

A partir de las 8:00 de la mañana comenzaron a llegar los imputados, el primero en hacerlo fue Roberto Rodríguez, seguido de Conrado Pitaluga.

En la suprema Corte de Justicia fue reforzada la seguridad con agentes de la policía Judicial, en la audiencia estuvieron presentes representante de la constructora Odebrecht.

A su llegada, Ángel Rondón, principal acusado de pagar soborno por 92 millones de dólares, dijo que jurídicamente no tenía miedo al expediente, ya que el Ministerio Público no ha presentado ni una prueba que pruebe que él fue quien entregó ese dinero.

Dijo que esa sentencia del juez será juzgada en su momento por la sociedad.

También los demás encartados dijeron que esperan un no ha lugar, aduciendo que no se ha podido demostrar la acusación de la Procuradurúa General de la República.

Una hora y media después de haber iniciado la lectura, el juez de la instrucción especial de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Francisco Ortega Polanco, ordenó un receso de cinco minutos.

Audiencias
Treinta y seis audiencias conllevó la etapa preliminar del proceso que culminó hoy contra los siete imputados de recibir los 92 millones de dólares que pagó la constructora Odebrecht para obtener la aprobación de contratos de obras estatales.

La audiencia preliminar inició el 7 de agosto del pasado año 2018 y el Ministerio Público aportó 1,700 pruebas contra los implicados en sobornos, de las cuales 1,368 son documentales, 234 materiales, 54 testimoniales y cuatro ilustrativas, así como 42 actos procesales y nueve interrogatorios.

Durante el proceso preliminar el pleno de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) rechazó tres recusaciones contra el juez especial de la instrucción Francisco Ortega presentadas por la defensa.

Los imputados en el caso son Víctor Díaz Rúa, exministro de Obras Públicas; Ángel Rondón, representante comercial de Odebrecht y enlace entre la compañía y los supuestos sobornados; el notario Conrado Pittaluga; el senador Tommy Galán; el expresidente del Senado , Andrés Bautista García, el senador Roberto Rodríguez, exdirector del Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado (Inapa) y Jesús (Chu) Vásquez, expresidente del Senado.

Odebrecht fue condenada al pago de 184 millones de dólares en favor del Estado dominicano, de los cuales ha pagado US$60 millones en dos partidas de US$30 millones, una realizada en enero de 2017 y otra en julio de 2018.

Los allanamientos se iniciaron el 29 de mayo de 2017, a cargo de fiscales y procuradores adjuntos y agentes policiales.

Un aspecto que sienta precedente en el caso, es que el mismo juez que conoció la medida de coerción, también conoció de la etapa preliminar.

El 7 de junio de 2018 cuando el Ministerio Público presentó cargo en contra de los siete implicados, a quienes acusa de recibir soborno, prevaricación, enriquecimiento ilícito, falsedad en escritura y lavado de activos.

Del caso fueron excluidos César Sánchez, Bernardo Castellanos, Julio César Valentín, Máximo D’Oleo, Ruddy González, Temístocles Montás, Alfredo Pacheco y Radhamés Segura, al considerar que no existen evidencias que los incriminaran.
El Ministerio Público solicitó al tribunal enviar a juicio de fondo a los implicados y mantenerles medida de coerción.