La Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional declaró ayer inadmisible un recurso de apelación interpuesto por un general y un capitán imputados del caso Coral 5 G.

El tribunal de alzada desestimó la acción recursiva por falta de objeto incoada por el general del Ejército de la República Dominicana Boanarges Reyes Batista y el capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores, porque un el tribunal de la instrucción del Distrito Nacional le había conocido recientemente la revisión de la medida de coerción.

El 15 de este mes, la jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Yanibet Rivas, confirmó la medida de coerción contra siete de los implicados en los casos Coral y Coral 5G.

La magistrada decidió mantener la prisión preventiva al general Boanerges Reyes Batista; el capitán de navío Franklin Mata Flores; el coronel policial Rafael Núñez de Aza; Rossy Guzmán Sánchez (La Pastora); el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán (hijo de la religiosa) y el general Julio Camilo de los Santos Viola, debido a que los presupuestos no han variado.

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En el caso del exjefe de seguridad del expresidente Danilo Medina, el mayor general Adán Cáceres Silvestre, se aplazó la revisión obligatoria de la medida para el próximo lunes 26, debido a que este la había solicitado separarlo del grupo.

Al finalizar la audiencia, el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho consideró como acertada y apegada a derecho la decisión.

“Nosotros construimos los casos con la suficiente fortaleza como para que puedan resistir cualquier embate. Qué esperamos nosotros en consecuencia, que el Poder Judicial se coloque a la altura de las circunstancias, no obstante a eso, este es un proceso en que en su momento la historia nos evaluará”, dijo al término de la audiencia.

Con la ejecución de las operaciones Coral y Coral 5G el Ministerio Público presentó cargos por corrupción administrativa contra 48 personas, 30 personas físicas y 18 personas jurídicas, imputadas de defraudar al Estado dominicano con más de 4,000 millones de pesos.

El entramado de corrupción operó en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y el Consejo Nacional para la Niñez (Conani).