Que se ordenara una investigación sobre la supuesta utilización de recursos públicos en la campaña a favor de los candidatos oficialistas es un paso importante.

La decisión debería tomarse en serio y no reducirse a un simple protocolo. Se establecería un precedente si se determinan culpabilidades y se imponen sanciones a los responsables de las violaciones.

Aunque la denuncia se hizo contra candidatos del oficialista PRM, la investigación debería abarcar a todos los competidores.

E incluso la utilización de recursos procedentes al margen de los canales ordinarios. Fuerza del Pueblo y el PLD fueron los que solicitaron a la JCE investigar el uso de recursos del Estado a favor de los candidatos del PRM.

Las entidades piden medidas cautelares contra el presidente Luis Abinader, de quien dicen usa los recursos públicos en favor de su reelección.

En la denuncia los partidos no citan elementos específicos que la sustenten. Que en cada campaña se efectúen denuncias similares no le resta veracidad.

Al acoger la petición el tribunal la pasó a la unidad de atención, seguimiento y mecanismos de ejecución de las sanciones para que actúe al respecto.