El presidente Luis Abinader ha tenido, como buen demócrata, el noble gesto de acercarse al liderazgo opositor para dialogar sobre las reformas que se propone para sanear las recaudaciones y el gasto.

Abinader, que antes de las elecciones que ganó con un 57.4 % de los votos, había planteado que cualquiera que triunfase estaba abocado a una modificación de la estructura fiscal no tardó en reunirse con Abel Martínez, excandidato del PLD, y en formalizar una cita con el expresidente Leonel Fernández, de Fuerza del Pueblo.

Fernández, en contraste con la decencia y los buenos modales que se le reconocen, primero expuso una excusa para cancelar la entrevista y después su partido decidió aplazarla indefinidamente.

El desaire puede revertirse, porque Abinader, que ha subrayado el diálogo como base de un pacto que pone en primer plano los intereses nacionales, tiene muchas alternativas para propinar golpes de efecto.

Las condiciones del sector empresarial y los análisis de economistas y otros profesionales indican que la reforma, por más peliguada que sea, es necesaria para actualizar la estructura impositiva.

El Gobierno tiene muchas opciones para no cargar el peso a los consumidores ni enfriar los motores de la economía. Están la persecución de la evasión, la reducción de la informalidad, la eliminación de privilegios con las exenciones y, sobre todo, obligar a cumplir con las contribuciones correspondientes a los propietarios de fortunas e inmuebles no transparentados. Es importante recalcar que estímulos como los del turismo y otros sectores, más que una maldición han sido una bendición por los múltiples beneficios aportados a la economía.

Otra fuente sería remover el caso Odebrecht habida cuenta de que la propia empresa reconoció que había ocultado pagos ilícitos por unos 54 millones de dólares para la construcción de las plantas de Punta Catalina, para partidos y candidatos en las elecciones de 2006 y para otras obras, aparte de los 92 millones cuyos beneficiarios no han sido enjuiciados. Al mamotreto que se montó no se le puede llamar proceso.

Aunque las iniciativas no complacerán a los organismos internacionales, los cuales, por experiencia, no confían en la estabilidad de países con temperaturas tan vulnerables, de todas formas el Gobierno podría, para dar más crédito a sus acciones, auxiliarse del organismo de la ONU que ayudó a descubrir la corrupción y enjuiciar en Guatemala al entonces presidente Otto Pérez Molina y a la vicepresidenta Roxana Baldetti.

Pero en definitiva, a pesar de los nobles gestos del Presidente y de la apuesta al caos de la oposición, es difícil digerir hasta una buena reforma, mientras haya tanta evasión y riqueza mal habida sin ningún tipo de consecuencia.