Opinión

Régimen de consecuencias

Régimen de consecuencias

El Gobierno anunció que aplicará un sistema de consecuencias para reconocer o sancionar a las instituciones gubernamentales de acuerdo a su desempeño, que consistirá en evaluar su rendimiento en el cumplimiento de normas legales en materia financiera, transparencia y de administración pública.

Ese régimen de consecuencias que anunció el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, debió aplicarse al otro día de instalado el Gobierno, aunque se saluda la expresa voluntad política del presidente Danilo Medina para evaluar, reconocer o sancionar a sus colaboradores.

No son pocos los funcionarios públicos que consideran que las instituciones que dirigen fueron el fruto de alguna heredad o donación gratuita que les otorga autoridad o patente de corso para violar la ley o dar riendas sueltas a negligencia e inobservancia.

Conforme a lo expuesto por el ministro Montalvo al término de una reunión encabezada por el presidente Medina en el Palacio Nacional, a los titulares de instituciones que obtengan menos de 60 puntos en una escala de evaluación preestablecida, recibirán en la primera ocasión una amonestación privada en el Consejo de Ministros.

Después de otra amonestación pública, a la tercera vez, el funcionario deficiente o culposo será suspendido temporalmente de sus funciones, pero además, el Gobierno publicará los resultados de una próxima evaluación, así como su régimen de consecuencias.

Debe entenderse que los salarios de todos los funcionarios públicos son sufragados con dinero de los contribuyentes, a quienes el Gobierno está obligado a rendirles cuenta sobre las actuaciones de cada uno de esos funcionarios, algunos de los cuales compiten en petulancia y arrogancia.

La ciudadanía aspira a un servicio público caracterizado por la transparencia, eficiencia, excelencia, innovador y que sea asequible, cuya misión se entienda como una obligación de servir y no como un cacicazgo de su incumbente, por lo que sería saludable que el “régimen de consecuencias” de que se habla incluya el despido.

Los votos son para que el Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Publica identifique todos los casos de negligencia, deficiencia o prevaricación en la administración estatal para que los responsables sean sancionados en consonancia con la gravedad de sus errores o inobservancias.

El Nacional

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