Que el 70% de los actos delictivos se cometa en motocicletas es de por sí suficiente para el registro de las unidades que como parte del plan de seguridad ciudadana promueve el Ministerio de Interior y Policía.
Y más cuando se estima que de 2.7 millones de motos, no más del 15% esté registrada. La regulación de las unidades ha sido una iniciativa saludable, en torno a la cual las autoridades no pueden ceder un ápice.
El plazo hasta el 27 de octubre que se les otorgó para registrar las motos es altamente razonable para que los propietarios tengan tiempo de poner al día los papeles. Sólo la negligencia explica que no haya un registro de las motos, que ya no son solo un medio de transporte personal, sino que cumplen muchas otras funciones. Pero con la circulación de las unidades el país no podía seguir como chivo sin ley.
El ministro Jesús Vásquez Martínez ha tenido en el registro de las motos una gran idea para rastrear la comisión de asaltos y crímenes que perturban a la población.
Este país se ha llenado de motores, a tal punto que ya en la ciudad hay sectores donde las unidades han reemplazado a los vehículos como medio de transporte de pasajeros. El sistema institucional se alimenta del orden y el respeto que trata de imponerse con medidas tan aparentemente simples como el registro de todos los vehículos que circulan por las calles.
