Después de algunos contratiempos, los partidos con representación municipal han acordado preservar el 16 de agosto lo que se define como Regla de Oro, que consiste en que los regidores votan para la presidencia de la Sala Capitular por el candidato que señale el alcalde o alcaldesa.

Ese acuerdo, concertado hace años entre los partidos Revolucionario (PRD), de la Liberación (PLD) y Reformista (PRSC), ha garantizado relativa gobernabilidad en los cabildos, al evitar que dos fuerzas minoritarias se unan para cerrar el paso a las ejecutorias del equipo que dirige el Ayuntamiento.

En principio, el sector que se desprendió del PRD para formar el Partido Revolucionario Mayoritario (PRM), anunció que no acataría esa regla, pero posteriormente indicó que instruyó a sus representados en 22 municipios adherirse al convenio.

Sin esa normativa de carácter político, no sería posible preservar la gobernabilidad en la mayoría de los Ayuntamientos porque las diferentes fuerzas políticas harían lo indecible para controlar las salas capitulares sin respetar el principio de que la minoría debe someterse a la mayoría.

La preservación de ese acuerdo tiene gran significación para los afanes de consolidación democrática, en razón de que se trata el más dilatado consenso político alcanzado por los partidos mayoritarios, que por demás ha tenido repercusión a nivel de la dirigencia partidaria en todas las demarcaciones.

Crisis generadas por pugnas en la escogencia de bufetes directivos de Ayuntamientos y Juntas Municipales han engendrado confrontaciones violentas con saldos de muertos y heridos, escenarios en riesgo de repetirse si hubiese sucumbido la mentada Regla de Oro.

La cultura de la confrontación ha hecho mucho daño al sistema político sobre el que se sustenta la democracia, que debería consolidarse sobre la base del diálogo constante y el respeto a inviolables reglas de juego basadas en el reconocimiento de la voluntad de la mayoría y la observancia de la ley.

Hay razones para resaltar la recobrada madurez y sensatez del liderazgo político, que oportunamente ha desalentado otro impropio remedio de confrontación y anarquía para preservar la Regla de Oro, mediante la cual se garantiza respeto y consenso en los Ayuntamientos.