La procuradora fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, detonó la alarma al decir que investiga presuntas prácticas de extorsión y manipulación a través de redes sociales y programas de televisión.
Esa investigación no puede verse, de entrada, como atentatoria contra la libertad de expresión, toda vez que se trata de delitos penados por las leyes. Pero tampoco puede reducirse a una simple advertencia contra los francotiradores que utilizan la televisión y medios digitales para extorsionar a víctimas propiciatorias.
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Los responsables de esa deleznable práctica, que no son profesionales de la comunicación, sino vulgares comerciantes con la honra de las personas, tienen que ser ubicados y traducidos a los tribunales. La fiscal Rosalba Ramos tiene el reto de llegar hasta las últimas consecuencias para desmantelar la estructura que se apolilla en las redes para dañar.