El gobernador del estado de la Florida, Ron DeSantis, anunció la presentación de un proyecto de ley que obliga a los tribunales a imponer pena de muerte “automática y obligatoria” para quienes permanezcan de forma ilegal en el país y hayan sido condenados por delitos capitales, incluidos violación y homicidio.

Conforme a esa propuesta legislativa, el jurado o el juez no podrán tomar en cuenta circunstancias atenuantes o agravantes ni cualquier otro tipo de consideraciones jurídicas al momento de dictar sentencia que no sería otra que la ejecución del convicto, lo que no se aplicaría si el condenado es un estadounidense.

Legisladores republicanos y demócratas han expresado su oposición a la estrambótica iniciativa del gobernador DeSantis, la que tildan de inconstitucional porque viola la Sexta Enmienda del ordenamiento sustantivo de Estados Unidos, lo que revela el inusitado fanatismo de la administración de DonaldTrump contra migrantes irregulares.

Otros proyectos de ley impulsados por DeSantis establecen el cobro de las matrículas escolares a niños con padres sin papeles, así como la creación de un departamento para apoyar al gobierno federal en la deportación de inmigrantes, con un presupuesto de US$500 millones para establecer centros de detención de indocumentados.

El Estado de la Florida estableció un fondo de 25 millones de dólares para gratificar con mil dólares a los oficiales que identifiquen y apresen inmigrantes irregulares, pero la mayor exageración se refleja en la ley que decretaría pena de muerte obligatoria y automática contra residentes sin papeles que incurran en crímenes capitales.

Al gobierno estadounidense le asiste derecho de apresar y repatriar a indocumentados, así como de imponer sanciones penales, incluida la pena capital a quienes incurran en la comisión de crímenes y delitos, pero se comete un desatino al pretender establecer la muerte automática y obligatoria sólo contra reos extranjeros.

Ante ese desbordante fanatismo anti-inmigrante, se requiere que los consulados dominicanos instituyan departamentos de asistencia jurídica a los fines de defender los derechos de connacionales indocumentados que serían objeto de atropellos al momento de su apresamiento y durante los trámites de deportación, en el entendido de que son seres humanos y no animales,

Cerca del 20 % de la población estudiantil de República Dominicana son niños haitianos y el 32 % de parturientas en maternidades proceden de Haití, diferente al estado de la Florida, donde las escuelas cobran por la matrícula de menores hijos de indocumentados y se gestiona aplicar pena de muerte obligatoria y automática contra residentes ilegales convictos.