Art. 359 del Código Penal: “El que ocultare o encubriera el cadáver de una persona asesinada o muerta a consecuencia de golpes o heridas, será castigada con prisión correccional de seis meses a dos años, y multa de veinte a doscientos pesos, sin perjuicio de penas más graves si resultare cómplice del delito”
La muerte inesperada, cruel, salvaje de una adolescente y de la criatura que llevaba en su vientre duele. Y duele desde lo más profundo del alma que se desgarra solo de suponer el sufrimiento padecido.
Estremece la conciencia social, es cierto, pero no debe ser tomado como una bandera para obtener beneficios políticos de quienes tienen la responsabilidad de evitar acontecimientos de esa naturaleza poniendo en práctica políticas públicas que eliminen la marginalidad y garanticen los derechos fundamentales consagrados en la Constitución y las leyes.
El procurador general de la República convoca una conferencia de prensa para anunciar que apelará la sentencia. También se montó en la ola. Eso pudo decirlo el fiscal de San Francisco de Macorís. (Es lo usual). Si el Ministerio Público recurre, los abogados de los imputados, también.
En este país hay miles de jóvenes como Emely, sumergidas en la pobreza y la ignorancia, que, como insólitamente dijera el presidente de la República, buscan maridos para salir de la pobreza en que su gobierno las mantiene. Somos el primer país de la región con embarazos de adolescentes.
Estamos en los primeros lugares por muertes materno/infantil. Miles de niños y niñas mueren en los hospitales todos los días antes de cumplir los cinco años de edad sin que las autoridades y los medios de comunicación se enfurezcan; sin que los partidos, incluyendo la izquierda, digan o hagan algo.
Se trata, por supuesto, de hijos e hijas de nadie, sin recursos económicos, sin prensa, sin redes sociales, sin bocinas, sin abogados caros. Forman parte de los deshechos humanos de una de las sociedades menos equitativas del continente.
La vicepresidenta de la República, montada en la creciente ola del populismo y la demagogia politiquera, protesta por la sentencia de los jueces que ella, junto a quienes dirigen el país, han escogido, pero no dice nada ante un Ministerio Público incapaz y una policía que dispara primero y averigua después; y nunca se ha referido al sistema judicial, politizado y corrompido por su partido.
El Colegio de Abogados, un “intermedio del PLD”, donde se supone que están los jurisconsultos, los que han estudiado y leído el código, haciéndose el gracioso protesta; hasta organizaciones de izquierda se lanzan a las calles a protestar contra una sentencia que consideran benigna, pero no lo hicieron el día que archivaron el expediente de Félix Bautista y Díaz Rúa.
