SANTO DOMINGO.- Poco o casi nada, salvo la devolución de algo de lo robado, ha sido el resultado de lo que se ha logrado en la lucha contra la corrupción administrativa en los últimos 65 años, después del ajusticiamiento de Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana, según estadísticas de los expedientes que desde ese entonces hasta la fecha han sido llevados a la justicia.
De los casos actuales, ni siquiera se espera que sus actores principales caigan presos cuando se produzca una sentencia definitiva, ya que, cuando eso ocurra, las penas que se les impongan las habrán cumplido bajo la modalidad de medidas de coerción de prisión domiciliaria.
El periódico El Nacional, a través de una entrega de cinco trabajos, hará un recuento de lo que ha ocurrido con los casos de corrupción que se han presentado en las últimas seis décadas y media, como forma de demostrar que no ha pasado nada, salvo la pérdida de dinero que implica llevar un proceso en los tribunales.
Númerosos casos de corrupción, como los de Trujillo, siguen sin justicia efectiva
Excepto raras excepciones, como los expedientes de Bahía de las Águilas y Baninter, ha sido muy poco lo que ha ocurrido con ese tipo de casos en los tribunales dominicanos.
Veamos: Primer caso, los Trujillo. Tras la caída de la dictadura trujillista, en 1961, se presentó el primer gran esfuerzo judicial para castigar la corrupción y el enriquecimiento ilícito, encaminado a la confiscación de los bienes de la familia del tirano y sus colaboradores más cercanos.
Se trató del primer y más emblemático expediente de los últimos 65 años, amparado en la Ley No. 5785 sobre Confiscación de Bienes de Trujillo, sus familiares y personas que se enriquecieron ilícitamente.
Semanas después de la salida de los Trujillo del país, en noviembre de 1961, el Consejo de Estado, presidido por Joaquín Balaguer y luego por Rafael F. Bonnelly, se vio presionado por la movilización popular para recuperar el patrimonio nacional.
El objetivo principal era desmantelar el emporio económico de los Trujillo, que representaba casi el 60 % de la economía dominicana. Con esos fines, se creó la Administración General de Bienes Nacionales para gestionar las propiedades recuperadas.
Aunque el expediente se basaba principalmente en la recuperación del patrimonio de los Trujillo, los imputados principales que figuraban en el mismo eran Ramfis Trujillo, acusado de malversación de fondos públicos y crímenes de sangre; Petán Trujillo y Héctor “Negro” Trujillo, imputados de enriquecimiento ilícito y control de monopolios estatales.
Como ocurre en la actualidad, el proceso no resultó en sentencias de cárcel efectivas para los principales actores, puesto que huyeron a países como Francia, España y Estados Unidos, llevándose consigo casi la totalidad del patrimonio hurtado. Naturalmente, todo eso ocurrió con la complicidad de jueces que les sirvieron a la dictadura.
Las empresas recuperadas de ese primer expediente pasaron a formar parte de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE), que agrupaba desde fábricas de clavos hasta ingenios azucareros.
En la segunda entrega escribiremos sobre el segundo caso de corrupción ocurrido en República Dominicana y sus resultados.
