Los mercados binacionales son uno de los principales motivos de la dinamización de la economía de las comunidades fronterizas. El impacto se evidenció cuando las operaciones se suspendieron a raíz del canal unilateral construido por los haitianos tomando agua del río Masacre, en violación de tratados entre los dos países.

La crisis afectó no solo a las provincias de la zona, sino a productores y comerciantes que venden artículos en los mercados.

Pero un proyecto de ley del diputado Rafael Pérez Gómez ha puesto sobre el tapete la ausencia de reglamentaciones, más allá de lo protocolar, con que opera el intercambio comercial.

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La pieza modifica varios artículos de la ley 216-11 que regula los mercados domínico-haitianos. Contempla que tanto las personas físicas como jurídicas deberán demostrar residencia en las provincias donde deseen operar, además de obtener una licencia. Esos permisos serán otorgados únicamente por las alcaldías y la Dirección General de Migración.

Los que no residan en las provincias podrán incursionar en las operaciones a través de un permiso especial emitido por el Ministerio de Industria y Comercio.

Será responsabilidad de los ayuntamientos elaborar un registro detallado de los comerciantes autorizados a operar en los mercados. Los problemas migratorios, el contrabando y otras prácticas dan sentido a las regulaciones que plantea el legislador en los mercados binacionales.