Mientras las trabajadoras domésticas permanecen a la expectativa, se torna cada vez más intenso el debate sobre la regulación de su servicio propuesto por el Ministerio de Trabajo.

Por las consideraciones de entidades como la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) parece que las autoridades no midieron el alcance jurídico de una resolución que también abre interrogantes sobre las contrataciones de trabajadoras domésticas.

El vicepresidente de Finjus, Servio Tulio Castaños Guzmán, advirtió que para dar cumplimiento al convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Estado lo que tiene que hacer es adecuar su ordenamiento jurídico, no a través de una resolución, sino de una legislación.

Si es así, es claro que el Ministerio de Trabajo se excedió en sus atribuciones con la normativa que reconoce múltiples beneficios laborales a las trabajadoras domésticas.

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El titular de la cartera, Luis Miguel De Camps, ha tardado en reaccionar sobre los cuestionamientos legales a una propuesta que, al parecer, cumple con convenios internacionales.

Si bien la parte jurídica es el principal escollo, el efecto social no puede relegarse. Miles de servidoras podrían perder sus empleos dado que muchas familias no están en condiciones económicas de cumplir con los requerimientos de su contratación.

La resolución podrá estar muy bien intencionada, pero la realidad legal y social la coloca en una situación difícil de superarse.