La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos sigue acéfala luego que fuera intervenida el lunes por la Inspectoría General del Ministerio Público por el uso incorrecto de un cheque de 34 millones y por supuestas irregularidades en los procesos durante la pasada gestión.

Su titular, Luis Alberto González, fue suspendido el pasado viernes y sometido a investigación, pero hasta el momento la Procuraduría General de la República no ha designado el sustituto, que debe ser un fiscal de Corte.

González, fue suspendido el viernes y el lunes la Inspectoría tomó el control de ese órgano para realizar las pesquisas de lugar.

Hoy el equipo de fiscales revisaba la documentación en todos los departamentos.

La investigación es dirigida por el inspector general del Ministerio Público, Juan Medina de los Santos.

Otros casos que dieron motivo a auditar la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos fue una intimación que por orden del ex procurador general Jean Alain Rodríguez se hizo a un colegio para que no inscribiera a un niño de 10 años hijo de un investigado por lavado de activos, y de incurrir en proselitismo en un centro de diversión del malecón.

Esa acción generó que los padres del estudiante incoaran una demanda de la que se encuentra apoderado el Tribunal Superior Administrativo contra dicha Unidad Antilavado de Activos por 20 millones de pesos.

A través del acto 629-2021, la Procuraduría General de la República indicó que realizaba la rectificación por constituir “una práctica vejatoria y discriminatoria”.

En dicho acto, la Procuraduría dejó sin efecto los términos de una comunicación dirigida al gerente administrativo del Carol Morgan School, Francisco Rodríguez, enviada el 20 de febrero del 2019 por Luis González, titular de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo.

En la misiva enviada al administrador del centro de estudios en 2019 se informó a los padres del menor, cuyos nombres se omiten para preservar la identidad del niño, se encontraban bajo investigación fiscal por la Procuraduría Antilavado y que se trataba de una medida fundamentada en el artículo 56 de la Ley 155-17, sobre Lavado de Activos.

Según la documentación remitida a la dirección del Carol Morgan, dicha institución debía suministrar a la entidad investigativa información sobre los valores recibidos por concepto de matriculación y otros gastos como consecuencia de la inscripción del menor.