SANTO DOMINGO.- La Inspectoría General del Ministerio Público intervino la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos donde lleva a cabo una auditoría a todo la unidad sobre supuestas irregularidades cometidas en la pasada gestión, incluyendo la autorización de un cheque por 34 millones de pesos para uso personal.
Aunque la investigación abarca todo el departamento, por el caso es interrogado el director de la Unidad Antilavado de Activos, Luis Alberto González Reyes, así como el fiscal Carlos Cordero, principales ejecutivos de ese órgano.
Dicha dependencia de la PGR fue cerrada ayer y permanecerá clausurada hasta que concluya la investigación que lleva a cabo el inspector general del Ministerio Público, Juan Medina de los Santos.
Sobre la intervención rehusaron referirse todos los funcionarios importantes de la Procuraduría, incluyendo a su titular Miriam Germán Brito, y a sus adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, este último remitió al periodista a Relaciones Públicas, alegando que el caso no era de su jurisdicción, pero en el departamento de prensa tampoco fue posible obtener información, aunque sí se confirmó la intervención.
Otro detonante
Según una fuente, otros casos que dieron pie o motivo a auditar la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos fue una intimación que por orden del ex procurador general Jean Alain Rodríguez hizo ese órgano a un colegio para que no inscribiera a un niño de 10 años hijo de un imputado investigado por lavado de activos y de incurrir en proselitismo en un centro de diversión del malecón.
Esa acción generó que la entidad educativa incoara una demanda contra dicha Unidad Antilavado de Activos.
A través del acto 629-2021, la Procuraduría General de la República indicó que realizaba la rectificación por constituir “una práctica vejatoria y discriminatoria”.
En dicho acto, la Procuraduría dejó sin efecto los términos de una comunicación dirigida al gerente administrativo del Carol Morgan School, Francisco Rodríguez, enviada el 20 de febrero del 2019 por Luis González, titular de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo.
En la misiva enviada al administrador del centro de estudios en 2019 se informó a los padres del menor, cuyos nombres se omiten para preservar la identidad del niño, se encontraban bajo investigación fiscal por la Procuraduría Antilavado y que se trataba de una medida fundamentada en el artículo 56 de la Ley 155-17, sobre Lavado de Activos.
Según la documentación remitida a la dirección del Carol Morgan, dicha institución debía suministrar a la entidad investigativa información sobre los valores recibidos por concepto de matriculación y otros gastos como consecuencia de la inscripción del menor.
