Bastó la tormenta mediática creada con la frustratoria utilización de recursos del Ministerio de Educación para que el Gobierno pusiera sobre el tapete la deuda que encontró y la paralización de 718 planteles escolares.

Lo hizo nada menos que el presidente Luis Abinader durante un almuerzo en el Palacio Nacional con periodistas, que no se descarta haya convocado con ese propósito.

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Como si se trata de un guión de inmediato se anunció que el Ministerio Público había solicitado información sobre el proceso de contratación de varias obras no concluidas.

Si en verdad 62 proyectos fueron adjudicados sin llenar los requisitos y en 42 se hicieron adelantos las irregularidades tienen que aclararse. Los aportes del contribuyente no pueden tirarse al aire sin que haya consecuencias. Lo que inquieta y de ninguna manera se celebrará es que la investigación se convierta en retaliación política.

Llama la atención que el problema con los planteles se retome a raíz del rechazo a que se utilicen fondos de Educación para programas sociales y de las carencias denunciadas en víspera de la apertura del año escolar.

El Ministerio Público, que en ocasiones suele ser tan protagónico en sus investigaciones, tiene que despejar cualquier indicio que pueda interpretarse como retaliatorio para aclarar irregularidades que, de existir, no pueden quedar impunes.