Cuando el presidente Luis Abinader dijo el lunes en el Palacio Nacional, que “hay muchos países cansados de los problemas de Haití”, en Panamá, la directora regional del Programa Mundial de Alimentos (PMA), Lola Castro, reveló que más de la mitad de la población haitiana tiene problemas para acceder a la comida.
República Dominicana no se puede cansar, ha dicho el Presidente, de reclamar que la comunidad internacional asuma la responsabilidad de ocuparse del drama haitiano, sobre el cual la funcionaria de Naciones Unidas (ONU) dijo que los desplazados internos ya representan el 10 % de sus once millones de habitantes.
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) reportó que 1.3 millones de haitianos figuran como desplazados internos a causa de la violencia de las bandas armadas, lo que representa un grave problema, porque un tercio de la población no está en su hogar ni puede producir.
El mandatario dijo que durante su reciente gira por Francia, Suiza y Brasil, abordó la situación de Haití con los presidentes Emmanuel Macron e Inacio Lula Da Silva, quienes expresaron disposición de colaborar para afrontar la crisis haitiana, pero que ambos aguardan por el pronunciamiento de Estados Unidos.
La comunidad internacional pierde interés o se olvida de Haití, a pesar de que figura como uno de los 13 países del mundo y el único de América Latina incluido por el PMA y la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en una lista de “alerta temprana para la acción humanitaria urgente”.
Muchos países pueden cansarse de Haití, menos República Dominicana, por el impacto cuasi catastrófico que el agravamiento de esa crisis tiene sobre los sectores inmigración, seguridad interior, salud, educación, empleo, gobernanza e institucionalidad.
De tal magnitud es la degradación institucional y política que una donación del Banco Mundial de 290 millones de dólares, destinada a mejorar los hospitales haitianos y promover programas sociales, requerirá de una celosa fiscalización para que esos recursos no resulten drenados por la corrupción.
El liderazgo político, empresarial, académico y de la sociedad civil no puede ni debe olvidar el compromiso asumido de consensuar ante el Consejo Económico y Social (CES) un programa estratégico que garantice la protección de República Dominicana ante el agravamiento de la crisis haitiana, mientras el Estado Dominicano continúa con sus reclamos para que el mundo voltee rostro hacia el drama del vecino.