El expediente por corrupción detectado en el Servicio Nacional de Salud (Senasa) consterna e indigna a una sociedad que se ha llevado las manos a la cabeza con el señalamiento del Ministerio Público de que los recursos esquilmados superarían los 15 mil millones de pesos y de que es el “más siniestro y cruel” de los perpetrados en la administración pública.

La procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, aseguró que más personas serán imputadas por ese escandaloso caso de prevaricación que afecta a casi ocho millones de afiliados del Senasa e impacta de manera catastrófica sobre el sistema de seguridad social.

Lo que expone el Ministerio Público en su escrito de solicitud de medidas de coerción contra los imputados en el expediente Senasa pone los pelos de punta hasta al más incrédulo de los ciudadanos, porque se trató de un sofisticado entramado mediante el cual se incurrió en desfalco, soborno, falsificación, estafa y lavado de activos.

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El tejido criminal hilvanado en torno a la ARS estatal incluyó proveedores de servicios de salud, medicamentos y equipos médicos e instalaciones hospitalarias, por lo que la procuradora general asegura que la cantidad de recursos escamoteados sería mayor que los 15 mil millones estimados inicialmente.

El presidente Luis Abinader ha instruido a las autoridades de Senasa a constituirse en actor civil en el proceso incoado contra el extitular de esa institución, Santiago Hazim y compartes, a los fines de recuperar “hasta el último peso robado”, aunque muchos albergan el temor de que se repita la historia de impunidad.

Más que proclamar que en el Gobierno operan controles de prevención contra la corrupción, a los funcionarios de las áreas de fiscalización y control de ese flagelo corresponde emitir un mea culpa por lo sucedido en Senasa, donde se ha destapado, al decir del Ministerio Publico al más siniestro y cruel de los actos de prevaricación que han afrontado las autoridades.

Que no se diga que el 93.5 % de las instituciones estatales cumplen hoy con la publicidad de la información pública de acuerdo con estándares de transparencia, ni que se cumple a pie de letra con la ley de contrataciones, porque esos supuestos avances en prevención de prevaricación no surtieron efecto en evitar lo que se ha definido como escandaloso conciliábulo criminal.

Se aconseja al Presidente Abinader a lavar con cloro y buen detergente a todo el ensamblaje gubernamental para librarlo de posibles infecciones de corrupción, como la que estremece al Servicio Nacional de Salud (Senasa) y conmociona a la sociedad toda.