El Gobierno presentó ayer su proyecto de reforma fiscal con el cual procura recaudar unos 110 mil millones de pesos, (1.5 % del PIB), con ingresos adicionales que serían aportados por una ofensiva oficial contra la evasión y elusión fiscal, que sería abordada como un crimen de Estado.
La pieza, presentada por el ministro de Hacienda, José Manuel –Jochi- Vicente, durante el encuentro La Semanal con la prensa, propone ampliar la aplicación del Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (Itebis) a una serie de productos consumidos principalmente por la clase alta.
Productos básicos como arroz, pan, pollo, leche, huevo, plátano y yuca se mantendrían exentos del Itebis, así como los servicios de salud, medicamentos y el sector educativo, pero se incluirán muchos otros productos y servicios que actualmente están exentos.
El presidente Luis Abinader dijo que el proyecto de reforma fiscal constituye un acto de responsabilidad política, cuya pertinencia ha sido reconocida en el pasado por candidatos y partidos de oposición, aun cuando admitió que en principio podría tener una afectación sobre la población.
El ministro Vicente dijo que la reforma tributaria estará acompañada de medidas para proteger a la población de menores ingresos a través de incremento de la cobertura de los programas sociales y con una propuesta de aumento general del salario mínimo.
A partir de hoy debe producirse una amplia y fructífera discusión en torno al contenido de ese proyecto, con obvias objeciones y menudo respaldo porque de lo que se trata es de determinar cuáles sectores de la economía y el consumo sobrellevarán las mayores cargas tributarias.
Ese modelo de reforma fiscal golpearía muy severamente a la clase media por vía del incremento en un cien por ciento al derecho a circulación o marbetes de los vehículos, del Impuesto a la Propiedad Inmobiliaria (IPI) y de los salarios por encima de 200 mil pesos mensuales.
El presidente Abinader y el ministro de Hacienda están compelidos a cumplir su promesa de ponderar las opiniones de los diversos sectores económicos, políticos y sociales, afectados por las figuras tributarias insertas en ese proyecto, que en lo inmediato tendría un impacto negativo sobre el empleo, inflación y pobreza, aunque a mediano y largo plazo incidiría en la sostenibilidad de la economía y del desarrollo.