Que la deuda pública se haya multiplicado por 14 en la última década no es en realidad lo más alarmante. Ni tampoco que el Presupuesto haya crecido 730.22% durante ese mismo periodo. Lo inquietante es que todavía la nación se siga endeudando porque los elevados empréstitos externos e internos no han sido para inversión en el desarrollo de las fuerzas productivas ni atacar los grandes males que lastran el país, sino para fomentar el gasto corriente.

El infame barrilito de que disfrutan los senadores para supuestas “ayudas” a personas necesitadas, así como los alrededor de 2,3 mil millones de pesos que por ese concepto erogó en tres años la Cámara de Diputados –y para colmo sin comprobantes- tienen mucho que ver, ya sea directa o indirectamente, con ese crecimiento del Presupuesto, que para el año entrante asciende a 605 mil millones de pesos, y con la perturbadora multiplicación de la deuda.

Un desglose del crecimiento de la deuda realizado por el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES) precisa que en 12 años (2000-2012) la del Banco Central se incrementó en 548%, al pasar de 1,500 millones de dólares a 9,700; la del Banco de Reservas habría crecido un 470% y la del Banco Nacional de la Vivienda (BNV) un 544. Durante ese mismo período –según la entidad- la deuda del sector público consolidado creció un 537%, pues de 5,200 millones de dólares, llegó a 31,600.

Pese a la presión que ya supone un endeudamiento que en amortización de capital e intereses consume alrededor del 40% del Presupuesto, para el año entrante se consignan financiamientos por 189,261.2 millones de pesos, en tanto que para este 2013 que culmina los compromisos financieros ascendieron a 146,461.5 millones de pesos. Si el Gobierno saneara el gasto es claro que el legado para las futuras generaciones fuera menos desafiante.
Para los especialistas los préstamos son neutrales. Eso es que no son malos ni buenos, sino que su valoración dependerá del uso dado a los recursos. Bajo ese criterio se deduce que los créditos contratados por las autoridades dominicanas no han sido empleados en la solución de problemas que todavía constituyen un desafío para la nación. La crisis del sector eléctrico, la mala calidad de la enseñanza, un sistema de salud que es solo para los más pobres, deficiente servicio de transporte y otros que se han agregado. Sin hablar del desempleo.

Con un Congreso que no ha sido capaz de cumplir sus funciones de revisar el gasto público para determinar si se respetó el mandamiento de la ley, que su preocupación son sus privilegios, sin importarle que contrasten hasta con la propia Constitución, sería utópico esperar un frenazo de ese acelerado endeudamiento. Y menos todavía una auditoría de los préstamos contratados en los últimos años, sobre todo si la política pudiera formar parte de alguna estrategia para preservar el poder. Conforme al cuadro descrito, las perspectivas no pueden ser más sombrías.