El Presupuesto por 613 mil millones de pesos que acaba de ser convertido en ley por la Cámara de Diputados ha desatado un inaudito conflicto de poderes. Antes que tomar las calles o envolverse en una batalla mediática, al menos 42 jueces han decidido elevar un recurso de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo en demanda de que el Ejecutivo se abstenga de promulgar la pieza hasta tanto se falle sobre el fondo de la acción judicial.

No se había visto que los propios jueces reclamen justicia a través de sus propias instancias. Es lo más novedoso de un caso del que no se recuerda precedente y tiene muchas lecturas. Positivas y negativas. Por un lado la acción denota independencia y compromiso con el mandato de la ley, lo que representa un signo muy auspicioso en favor de la seguridad jurídica. Y por el otro es cuestionable que el Ejecutivo pudiera violar la asignación presupuestaria a la Suprema Corte de Justicia, equivalente a 2.66%, y peor aún que el Congreso Nacional lo legitimara.

Los magistrados que recurrieron al amparo, que consagra el artículo 72 de la Constitución, en demanda de protección a sus derechos fundamentales, pertenecen a la Red Nacional de Jueces. A través del abogado y exmagistrado Erick Hernández Machado se han limitado a exigir la partida que corresponde a esa unidad del Poder Judicial en función de la Ley 194-04 sobre autonomía presupuestaria y administrativa.

El juicio de fondo está pautado para el 3 de diciembre próximo. Pero todavía está por ver si prosperará la acción cautelar. Pero el conflicto entre los tres poderes del Estado está planteado, aunque solo sean unos cuantos magistrados quienes decidieran reivindicar la normativa constitución de la Justicia a través de una acción ante los tribunales. Cualesquiera sean los resultados el insólito caso sentará un precedente en la formulación y aprobación del proyecto de Presupuesto.

Es un hecho que con la partida asignada al Poder Judicial se viola la Ley 194-04. Al margen de cualquier consideración. Pero lo que ahora está por verse es si el Ejecutivo está facultado para hacerlo. Si no es así, el Congreso Nacional, que entre sus funciones está elaborar y hacer cumplir las leyes, ha vuelto a jugar otro de sus más sumisos papeles al legitimar un atropello al orden institucional y contra un sistema judicial fuerte, independiente y asequible para la ciudadanía.

El recurso de los magistrados apela al derecho de los ciudadanos, dentro de las prerrogativas constitucionales, de contar con un Poder Judicial autónomo, funcional, con capacidad administrativa y presupuestaria. De todas formas, dejaría mucho que desear que los jueces perdieran una acción judicial, porque sería su formación profesional o su propia independencia las que quedarían en entredicho. La disyuntiva propicia que el amparo genere más expectativas.