Los detalles que han salido a relucir confirman que la Pepca (Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa) investiga un supuesto desfalco al Estado por más de 17 mil millones de pesos cometido en las gestiones del presidente Danilo Medina.

La investigación, en torno a la cual se ha especulado en estos días, involucra a 209 personas físicas y jurídicas, entre los que sobresalen por sus funciones el exministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz, y el exadministrador del Banco de Reservas, Simón Lizardo Mézquita.

El supuesto desfalco estaría relacionado con expropiaciones de terrenos en áreas protegidas, así como con la simulación de compra y venta de terrenos bajo la modalidad de deudas administrativas.

Según la autorización que la Pepca habría solicitado para la investigación los acuerdos o transacciones suscritos tienen como elemento común las cesiones por más de 10,500 millones de pesos a personas que en ocasiones utilizaban sociedades comerciales de carpeta, que eran disueltas tan pronto se efectuaban los pagos.

Aunque la ley sea igual para todos y por más voluminoso que sea el supuesto desfalco todos los investigados son inocentes hasta que haya una condena y tienen derecho a que en sus casos se cumpla con el debido proceso.

Tiene la Pepca que cuidar en extremo el procedimiento para evitar juicios públicos o condena mediática contra los involucrados en el supuesto desfalco. La forma hay que cuidarla.