Si contra el exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores del Estado (OISOE) no se encontraron indicios comprometedores no había por qué someterlo a la justicia por la supuesta mafia en la entidad que habría inducido al suicidio de un contratista. Lo mismo hay que decir del exdirector técnico, José Florencio Estévez, quien también fue excluido del expediente sometido por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Lo que sí llama la atención es que se procediera sin que la Cámara de Cuentas haya concluido una auditoría a la OISOE, y a pesar de que el caso había sido declarado complejo. Más todavía después que la propia Pepca había dicho que existían más imputados que los cuatro que al final fueron sometidos; así como víctimas, pluralidad de hechos y criminalidad organizada.
Por el escándalo de corrupción solo fueron imputados Alejandro de los Santos Serrano, Yoel Soriano Fabián, Juan Ernesto Romero Pérez y el abogado Julio Pérez Alejo, considerados anónimos.