Los presidentes de la Asociación Dominicana de Rectores de Universidades (ADRU) y la Asociación Dominicana de Universidades (ADOU) expresaron hoy su temor de que el proyecto que eliminaría el pago de inscripción en los colegios privados, en un futuro se aplique a los centros de educación superior del país.

El sacerdote Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, presidente de la ADRU, y el maestro José Alejandro Aybar Martín, de la ADOU, afirmaron que una medida semejante afectaría la calidad de la enseñanza universitaria.

“Prohibirles a las universidades cobrar una reinscripción que, en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos tienen derecho a cobrar, es limitar y condicionar la capacidad de las universidades de ofrecer una educación superior de calidad, como lo exige la constitución”, indicaron en un documento conjunto.

“Sin realizar un estudio exhaustivo para determinar para cada universidad privada la tarifa que se deba corresponder con la calidad de la enseñanza que ofrece, es improcedente aplicarles a éstas las disposiciones en el proyecto de ley”, expresaron.

El 18 de este mes, la Cámara de Diputados declaró de urgencia, aprobó en primera lectura y envió a comisión el proyecto de ley que regula la admisión e inscripción en los colegios privados y prohíbe el pago de reinscripción en esos centros de estudios.
La pieza legislativa, de la autoría del diputado Amado Díaz, extiende la prohibición a las universidades privadas.

De la Cruz Baldera y Aybar Martín recordaron que el costo de estudiar en una universidad privada varía según el número de créditos seleccionados por el estudiante, la carrera que cursa y las particularidades de la educación en el centro de estudios escogido.

Asimismo, que el artículo 33 de la Ley 139-01 de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, consagra, como se admite en el cuarto considerando del proyecto de ley en cuestión, “la autonomía académica, administrativa e institucional de las instituciones de educación superior”.

Señalaron que el inciso 7 del artículo 63 de la Constitución de la República consagra que el Estado “garantizará la autonomía universitaria y la libertad de cátedra”.

UN APUNTE

Violación
La ADRU y la ADOU consideraron que de acogerse el proyecto en cuestión se violaría el derecho fundamental del alumno que le garantiza el Estado, de asistir a una institución de educación ya sea pública o privada, para estudiar en la institución que eligieron él o sus padres.