Gobierno, Ministerio Público y orden judicial tienen hoy el ineludible reto de rescatar a la sociedad dominicana en peligro de ahogarse en un gran oleaje de delincuencia y criminalidad que ya anega a casi todo el territorio nacional.

El caso de una banda criminal que asesinó a cuatro choferes y despojó de sus vehículos al menos a 15 conductores, se constituye en dramático ejemplo de auge y penetración del crimen.

Se reconoce que fiscales e investigadores policiales descubren la mayoría de los casos más notables de asesinatos, asaltos, atracos, tráfico de drogas y violaciones, pero el clima de inseguridad ciudadana se mantiene intacto y prevalece la percepción de que la delincuencia controla las calles.

El mal mayor radica en que jueces, fiscales y policías actúan bajo una mecánica reactiva, sin que se privilegie en la investigación y en la sanción penal la prevención de crímenes y delitos.

Por alguna razón que debería ser indagada, los delincuentes no temen a la autoridad ni a la sanción, como lo prueba el hecho de que la mayoría de los antisociales que incurren en crímenes tienen la condición de reincidentes, que nunca cumplen larga sentencia de reclusión.

La prevención de crímenes y delitos va de mano con políticas públicas que impulsen educación, capacitación, generación de empleo, salud y vivienda, pero también de jueces, policías y fiscales bien entrenados y bien pagados.

Para afrontar la creciente delincuencia se requiere también que la población profese respeto y temor por la ley, que todos entiendan que quien incurre en una infracción criminal irá a parar con sus huesos a la cárcel.

La corrupción lo permea todo, pero ese flagelo es más nocivo cuando infecta instituciones que tienen a su cargo la prevención, persecución, sometimiento y sanción del crimen o del delito. Para combatir el crimen se requiere que también la autoridad albergue temor ante la ley.