Los cadáveres de tres personas acribilladas encontrados ayer en unos cañaverales del ingenio Caei, en Yaguate, San Cristóbal, son otro eslabón, aunque con una nota más tenebrosa, de la siniestra ola de violencia que con espantosa intensidad se propaga por el territorio. Al margen de cualquier causa, el suceso es otro signo de alerta, para que las autoridades tomen nota sobre la dimensión alcanzada por la criminalidad.

La connotación de crímenes como los que costaron la vida al sargento de la Policía Luis Manuel Sepúlveda, al comerciante Juan Abraham de los Santos Rodríguez y otra persona no identificada de inmediato incrementa la conmoción causada por feminicidios, atracos, suicidios o en circunstancias que se prestan a tantas conjeturas como las que rodean la muerte de un disparo en la cabeza el sábado en la noche del jovencito limpiavidrios.

Todavía sus estadísticas puedan indicar una reducción de la criminalidad y la delincuencia, que no es el caso, la jefatura de la Policía, la Procuraduría General de la República y el Ministerio de las Fuerzas Armadas no deberían minimizar una ola de violencia en que han caído varios agentes del orden y militares, incluyendo oficiales, sea para despojarlos de sus armas de fuego o porque simplemente estaban en el lugar equivocado.

Si el patrullaje mixto había surtido algún efecto, es posible que haya llegado el momento de reforzarlo o complementarlo con otras medidas para enfrentar una violencia que, como el caso de los cadáveres acribillados encontrados en un cañaveral de Yaguate, al lado de una camioneta incinerada, ofrece unos signos aterradores. Todos los hechos prefiguran un clima de pánico, que es obvio se tiene que tratar de despejar para devolver la paz y la seguridad a la ciudadanía.

Duquesa

El vertedero de Duquesa es más que basura. Pero por ahora lo importante es que el alcalde de Santo Domingo Norte y sus colegas de los cabildos del Gran Santo Domingo hayan arribado a un acuerdo para superar la crisis sanitaria generada por la intervención del depósito tras la rescisión del convenio, el 18 de julio, con la firma Lajum.

La salida ha sido un triunfo del diálogo y la sensatez. Las decisiones unilaterales y la sinrazón que siguieron a la ocupación del vertedero no sólo generaban tensión, sino que los municipios se inundaran de desperdicios, con sus nefastas consecuencias, a causa de la contaminación, para la salud, el ornato y hasta para el turismo.

Pero durante un encuentro se acordó designar un director técnico, regular el horario de operación y conformar grupos de trabajo y de seguimiento con la participación, además de los cabildos, de los ministerios de Salud Pública, Medio Ambiente y Obras Públicas. Tras el arreglo se espera, pues, que el malestar causado por la intervención unilateral sirva de experiencia.