Trabajadores terminaron el año sin aumento salarial y pésimas condiciones vida



Los bajos salarios, desempleo, aumento salarial, calidad y servicios precarios, pobreza y falta de libertad sindical son los temas que afectaron a los trabajadores dominicanos en el año 2016, según el balance de las centrales sindicales.

Jacobo Ramos, Gabriel del Río, y Rafael Abreu, presidentes de las Confederaciones Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD), Autónoma Sindical Clasista (CASC), y Consejo Nacional de la Unidad Sindical CNUS), en un documento deploran que la reforma a la ley 87-01 sobre Seguridad Social se quedara en la gatera, la cual califican de excluyente por favorecer a empresas Administradores de Riesgos de Salud (ARS) y Administradores de Fondos de Pensiones (AFP).

Dicen que el Banco Central dominicano estableció que la economía creció 7.4% del Producto Interno Bruto (PIB) en el primer semestre de 2016, “pero esa riqueza no fue redistribuida, no sirvió para mejorar la calidad de vida de la mayoría de los trabajadores, y los salarios siguen estancados desde hace más de 24 años”.

Afirman que “el costo de la canasta familiar triplica los salarios mínimos que devengan los trabajadores del sector privado, los del Estado, los pensionados y jubilados que reciben pensiones deprimidas, y siendo los salarios bajos de 9 mil pesos los que profundiza la pobreza, la brecha social y la inequidad”.

Enfatizan que pese al crecimiento económico, el gasto social en el país es bajo en comparación con el resto de la región, las deficiencias en la confiabilidad y calidad en los servicios de agua y electricidad, afectan a los principales propulsores del crecimiento como el turismo, agricultura y la manufactura.

Dicen que el desempleo estructural es mayor del 14% cuando se aplica a la juventud, y en mujeres jóvenes es superior al 30%.
Aseguran que el 2016 concluyó con 4 millones 431 mil 407 personas ocupadas, 2 millones 333 mil 001 realizan sus actividades en la economía informal y 2 millones 98 mil 406 de los empleos lo genera la economía formal.

Precisan que la economía informal genera empleos mal pagados, inestables, inseguros y sin seguridad social, incrementa la pobreza, reduce los derechos de los trabajadores, y no es la vía para reducir los niveles de informalidad como plantea el sector empresarial.

Ley 87-01

Subrayaron que el movimiento sindical propuso la modificación a la ley de 87-01 sobre Seguridad Social para corregir las exclusiones de procedimiento médico, uso de implementos modernos, tipos de enfermedades, exclusiones adversas a los envejecientes, ganancias excesivas de las administradoras de fondos de pensiones en detrimento de los afiliados, calificación limitada de riesgo y otras inequidades que cada día se acentúan.

Aducen que la libertad sindical y negociación colectiva son derechos coartados por el sector empresarial y el oficial, pese a ser garantizados por la Constitución, Código Laboral y los convenios internacionales.

Ven como un riesgo para el trabajador hacer uso de esos derechos porque se expone a la no promoción, aislamiento y perder su fuente de trabajo.
Código Laboral

Las centrales sindicales precisan que el sector empresarial, en un interés persistente presiona una reforma al Código Laboral, condicionado para ceder ante demandas como para producir un aumento salarial, “solo si el movimiento sindical acepta disminuir o eliminar el derecho a cesantía”.

Indican que esa pretensión la ha rechazado el movimiento sindical y la que considera innegociable ese derecho de los trabajadores, que es una eventualidad que depende de la forma en que el contrato de trabajo termine, por ser la única forma de protección con que cuenta el asalariado, posición empresarial regresiva que dicen seguirán rechazando.
Agregan que desde el año 2000, gran parte de los puestos de trabajo creados en las industrias ha sido pocos cualificados y más bajos de productividad en el sector informal. “Debido a la crisis del 2003, los salarios reales se redujeron en un 27% con relación al 2000, y no se han recuperado aun cuando la productividad laboral ha aumentado significativamente en los sectores de mayor crecimiento”.

Seguridad Ciudadana

Sobre la seguridad ciudadana deploraron que “paso a paso se haya ido perdiendo la tradición habitual de pueblo tranquilo y llegar a extremos de que casi nadie esté seguro y continuamente los trabajadores se vean afectados por situaciones que implican muertes, heridas, detenciones arbitrarias, disminución o cierre de jornadas laborales nocturnas, y otras consecuencias que mucho tienen que ver con las condiciones que priman en los órganos judiciales y policiales”.

Sugirieron a empleadores y al Gobierno arribar a acuerdos con los trabajadores para aplicar medidas que reduzcan las acciones delictivas y de violencia, cuyas probabilidades son mayores por los horarios de ingreso o retorno del trabajo o por las actividades realizadas por choferes, mensajeros, distribuidores de envíos y remesas, trabajadoras de bancas y los bancos comerciales.
Ven con preocupación que en 2016 aumentaron los asaltos, atracos, secuestros y muertes de trabajadores en plena actividad laboral y hasta los policías fueron víctimas de la delincuencia.

Femenicidios

Refieren que en el año 2016 en el país los femenicidios constituyeron uno de los principales males socioeconómicos, donde el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, dijo que más de 70 mujeres murieron a mano de sus parejas o exparejas, cifras que indican que cada 68 horas una mujer fue asesinada, registran las estadísticas policiales”.

Un apunte

Pacto eléctrico

Sobre el pacto eléctrico ven positivo que el Gobierno haya convocado a su firma, pero plantean que este sector debe de estar mayoritariamente en manos del Estado en la generación, transmisión y distribución, y nunca entregarse al sector privado como lo piden