Transparencia

No se discute la legalidad o no del aumento salarial aprobado en la Superintendencia de Electricidad (SIE), que incluye un alza de RD$154,656 a su titular, ni si fue aplicado ahora o antes, como tampoco importa si esa entidad es independiente o autónoma.

Lo que se censura es que la ciudadanía conoce de ese unilateral  incremento de sueldo cuando ese ente regulador aplica una “tarifa técnica”, que al decir de intervinientes del subsector eléctrico es violatoria del Pacto Eléctrico.

 Lo que se ha dicho es que en el aumento en el costo de la energía eléctrica, la SIE eliminó el subsidio cruzado en la tarifa BTS (Baja Tensión Simple), pese a que en el Pacto se acordó aplicar un subsidio moderado, con lo que se perjudicó doblemente a familias de menores ingresos.

La noticia sobre el referido aumento salarial se produce  cuando la Superintendencia de Electricidad es blanco de crítica porque su supervisión no ha sido efectiva en  acompañar a las distribuidoras  en  la ejecución de programas de reducción de pérdidas que no han tenido ningún resultado positivo.

Se justifica ese aumento salarial en que según la Ley General de Electricidad, sus autoridades pueden disponer una medida de esa naturaleza, pero lo que no se resalta es que esa ley también dispone que la SIE debe  velar para que  los contratos de venta de electricidad a largo plazo sean la resultante de  una licitación pública.

Por alguna razón no prevista en la ley los elevados costos reflejados en la adquisición de  energía por parte de las distribuidoras en el mercado spot eran traspasados a los consumidores por vía de su inclusión en el Precio Medio de Compra, en el que solo  debían incluirse las referidas licitaciones.

El Precio Medio de Compra  de energía por las Ede representa entre el 65 % y 75 % del valor de la tarifa, por lo que se colige que el aumento de  la factura eléctrica  fue mucho mayor a lo previsto en el Pacto Eléctrico y que la ecuación aplicada por la SIE benefició a empresas generadoras.

En vez de defender enrarecidos aumentos salariales, la Superintendencia de Electricidad  debería  fortalecer  estándares de  transparencia en su rol de cumplir y hacer cumplir la Ley General de Electricidad sin discrimen ni privilegio.