La Iglesia Católica sufre tribulación por las denuncias de que tres sacerdotes cometieron abusos sexuales contra menores y de que el nuncio apostólico habría sido destituido por conducta impropia, pero si el Ministerio Público sustenta con debidas pruebas tales infracciones penales, el orden judicial estaría compelido a pronunciar severa pena de prisión y justa reparación civil.

El padre Juan Manuel de Jesús Mota, oriundo de Cutuí, quien llevaba 12 años en la iglesia San Pedro de Constanza, ha sido acusado de violar sexualmente a por lo menos 15 adolescentes, a las que obligaba a realizar orgías, según la fiscal adjunta de ese municipio, Juana María Castillo, quien investiga el caso.

Cinco de las víctimas, que hoy son mayores de edad, y el esposo de otra, radicaron formal denuncia contra el sacerdote, que se dice tuvo relaciones sexuales con madre e hija y acosaba a otras jóvenes que rehusaban sus pretensiones.

Las autoridades encaminan gestiones de extradición en contra del sacerdote polaco Wojciech Gil (Padre Gil), acusado de violar al menos a tres menores en la comunidad de Juncalito, Santiago, donde realizaba labor pastoral. Ese cura huyó a su país, tras enterarse de las acusaciones en su contra.

La fiscalía de Bonao sometió formalmente a los tribunales al sacerdote Alberto Cordero, acusado de abusar sexualmente de una menor, por lo que un juez dictó en su contra un año de prisión preventiva, sentencia que fue revocada y sustituida por la de una garantía económica de 400 mil pesos.

El embajador de la Santa Sede en República Dominicana, Josep Wesolowski, fue despedido repentinamente de sus funciones diplomáticas en medio de denuncias o rumores de que habría incurrido en conducta impropia de su sacramento, que incluyen consumo de alcohol en lugares público, encubrir actos de pederastia o de perpetrar abusos contra menores.

A la feligresía le corresponde orar intensamente para que el Altísimo confiera fuerza a su iglesia y logre salir airosa ante las inconductas y desafueros de obispos, sacerdotes y laicos, pero la justicia terrenal está obligada a perseguir a cualquier mortal que incurra en el crimen de violación o acoso sexual contra menores.

El papa Francisco ha condenado con firmeza ese tipo de inconducta criminal atribuido a sacerdotes en muchas partes del mundo, por lo que las autoridades eclesiásticas dominicanas están en el deber de colaborar con el Ministerio Público para que pederastas y acosadores sexuales sean despojados de sus sotanas y encerrados por muchos años en la cárcel.