El Tribunal Superior Administrativo (TSA) conocía esta mañana una demanda de responsabilidad patrimonial interpuesta por el abogado Ángel Lockward contra los miembros de la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República, en la que solicita una serie de sanciones por alegadas irregularidades del informe utilizado en las investigaciones del caso de las apropiaciones de bienes de utilidad pública, que incluye 109 encartado, incluyendo al exministro de Hacienda Donald Guerrero.

Los abogados Juan Cuevas y Osiris Disla Inoa, representantes de los miembros de la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República, César Thomas, a Juan Flacker y a Gersi Medina, explicaron que Lockward les congeló todos los bienes, desde que emitieron dicho informe, pero que al accionar lograron levantar el embargo.

Adelantaron que presentaran al tribunal documentos que revelan que una persona que murió en el 2014 aparece firmando en el 2020.

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“Tenemos veinte o treinta documentos que harán que el país se estremezca cuando los presentemos”, refirió Disla Inoa.

La demanda en responsabilidad patrimonial persigue una pretensión económica que el accionante fija en los montos que el Estado no le ha desembolsado, porque entiende que el fundamento del Estado para no desembolsarlo es la existencia de ese informe.

Refirieron que dicho informe es objeto de una investigación para esclarecer los procedimientos llevados a cabo desembolsos realizados por la administración pública.