El Estado dominicano y la empresa de cemento asfáltico Sargeant Petroleum (SP) se han envuelto en un lío que no es de ropa, al someterse mutuamente por incumplimiento de contrato, para lo cual la empresa escogió la vía de arbitraje internacional y el Gobierno acudió ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA).

A través de la oficina de abogados Esquea y Valenzuela, el Estado solicita al tribunal condenar a la Sargeant Petroleum y a su representante, Mustafá Abu Naba a la devolución de 176.9 millones de dólares pagados en exceso, y a 33.1 millones por concepto de valores en excesos, además de otras partidas por más de US$200 millones pagados por almacenamiento desde 2003 al 2013.

La empresa, en cambio, procura ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial una indemnización por US$88.3 millones por daños y perjuicios derivados de la terminación del contrato de suministro de asfalto firmado con el Ministerio de Obras Públicas en 2017, pero rescindido en 2020.

Se trata de una Litis muy compleja que involucra a varios gobiernos que mantuvieron relaciones con la empresa suplidora.