El impacto de las medidas de prevención de la propagación del COVID-19 ha sido severo sobre nuestra economía, y continuará sus estragos a lo largo de futuro previsible. Es llamativo que mientras el Congreso ha ido desperdiciando su tiempo conociendo el proyecto de ley que busca entregar el 30% a los afiliados al sistema de pensiones de sus propios ahorros, este no ha invertido ni un segundo en evaluar modificaciones al régimen legal que permitan que nuestra economía pueda seguir operando por encima de las restricciones que el COVID-19 nos ha impuesto.

Anteriormente ya he sugerido medidas legislativas de carácter tributario que pueden ayudar de forma significativa no sólo a los negocios a resistir la embestida económica de la pandemia, sino también a las personas de a pie a viabilizar sus necesidades ante esta nueva realidad. Pero no incluido en esas consideraciones, e igual de importantes, son las medidas legislativas que pueden sino vacunar nuestra economía del impacto del COVID-19, al menos permitir que gran parte de esta pueda operar de forma sana a pesar de este.

En el análisis sobre como hacer realidad una economía mayormente digital la traba recurrente son las limitaciones legales y burocráticas cavadas en nuestras leyes y normas, la mayoría de las cuales no tienen razón de ser en una economía moderna, y cuya eliminación representaría un ahorro significativo de gastos al Estado justo cuando más lo necesita.

Todo el proceso de permisos, certificaciones y pagos de servicios estatales, incluyendo todos los Poderes del Estados y entidades autónomas, debe ser digital, sin excepciones. Y en ese tenor deben priorizar la atención digital dejando las atenciones presenciales y manuales al final de la cola del proceso como forma de incentivar en la misma población el uso de las vías digitales.

Así mismo, todos los procesos ante registros públicos deben pasar a plataformas digitales, así como los procesos mismos de registro. La Ley de Garantías Mobiliarias ya crea la primera de estas plataformas, por igual debe ocurrir con el Registro Inmobiliario, el Registro Civil, el Registro Mercantil y todo registro de carácter público cuya primordial función sea brindar de publicidad a los actos entre los ciudadanos.

Como soporte al Poder Judicial, se deben viabilizar los procedimientos legales de forma digital, despejando el camino para esa alternativa en los Códigos de Procedimiento Civil, Penal, Comercial y Laboral de forma tal que permeen a través de todo el ordenamiento jurídico y todo el proceso de justicia pueda continuar ininterrumpido de forma digital.

Más importante aún, se debe abrir el camino al registro digital de identidad, o la mal llamada cédula “inteligente”, para que esta le brinde la oportunidad de acceso a todos esos servicios del Estado a los ciudadanos, despojando el tema de la identidad de la Junta Central Electoral y pasando dicha función a un organismo autónomo dedicado únicamente a administrar la documentación de identidad ciudadana y su estado civil.

Por: Orlando Gómez
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