El problema de la inmigración haitiana hacia República Dominicana es más complejo de lo que muchos pueden imaginar y le corresponde al Estado detener el éxodo, mediante la aplicación de políticas eficaces. ¿Cuáles serían esas políticas? Difícil de responder.
Y digo difícil porque el Estado está sometido a dos grandes presiones. La presión internacional, que nunca ha hecho nada por Haití y siempre ha pretendido que nuestro país cargue con la desgracia de nuestro vecino. Y, por otro lado, está la presión de sectores internos, que se denominan “nacionalistas” y son partidarios de métodos crueles, pese a que los haitianos son seres igualitos que nosotros.
Pero dado el carácter soberano del Estado le corresponde asumir políticas firmes, pero diplomáticas y de buena vecindad.
No se puede obviar que Haití es nuestro segundo socio comercial y, además, para evitar sanciones, que también pueden afectar nuestra economía, se impone la prudencia.
Ya lo dijo Pitágoras hace muchos años: “No aticéis el fuego con una espada”. De manera que aquellos que plantean sacar a los haitianos mediante la fuerza no tienen la menor idea de las implicaciones internacionales que provocaría una medida similar. Otros, menos radicales, sugieren la construcción de un muro, que no resuelve el problema.
Lo que se impone es acabar con la mafia que impera de este lado, que, en contubernio con la mafia del lado occidental, hace posible que diariamente centenares de ilegales haitianos crucen la frontera hacia el lado oriental, bajo un espíritu de sobrevivencia lógica, normal en los países que hacen frontera, que los habitantes del más pobre procuran irse hacia al de mejores condiciones de vida.
Pero independientemente de los diferentes factores que involucra la problemática, la realidad es que la República Dominicana ya no resiste más haitianos ilegales en su territorio, por lo que hay que tomar las medidas correspondientes en la frontera y, sin hacer ruidos, ni el mínimo ruido, sacar a los haitianos que andan en las calles sin dar un golpe, permitiendo que previamente recojan sus pertenencias.
Y para nada tocar a aquellos que estén trabajando, sobre todo en la industria de la construcción, porque se daña un renglón cardinal de nuestra economía.
