SANTO DOMINGO.- La Procuraduría de la Corte no es la competente para investigar la denuncia de amenaza hecha por la fiscal Rosalba Ramos, por parte de personas allegadas al exconvicto Quirino Ernesto Paulino Castillo, sino a la propia Fiscalía del Distrito Nacional que ella dirige.

El titular de esa dependencia, José del Carmen Sepúlveda, explicó que como en ese caso ella es la víctima o denunciante, no goza de jurisdicción privilegiada, por lo que la investigación no le corresponde a la Procuraduría de Corte.

“El privilegio de jurisdicción es cuando el funcionario es el investigado o el querellado, y en este caso ella es la que está denunciando, entonces, eso sería competencia de la Fiscalía del Distrito Nacional, pero ella no tiene competencia de jurisdicción con nosotros, si fuera al revés sí”, señaló Sepúlveda.

Te puede interesar leer: Quirino Paulino visita Procuraduría

La fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, denunció ayer que está siendo víctima de amenazas y de un chantaje vía WhatsApp, de parte de una persona relacionada con Quirino Ernesto Paulino Castillo.

Conforme a la denuncia, la persona le dice en mensajes que Paulino Castillo lo mandó a cobrarle 13 millones de pesos que alegadamente le entregó en el 2005, así como a un juez de la Suprema Corte de Justicia (fallecido) y a otras personas, para evitar la extradición hacia Estados Unidos.

Señala el informe enviado por la titular de la fiscalía del DN a la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, a la directora de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso y al Procurador General de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, José del Carmen Sepúlveda.

Se recurso que el 17 del pasado mes, Quirino fue interrogado en la Procuraduría General de la República, sin que se diera a conocer con relación a que caso fue entrevistado.

Ramos señala en el informe que la persona le indica en mensajes vía WhatsApp que de los 13 millones, devuelva cuatro millones, con carácter urgente y que sean llevados de forma física a la oficina de un dealer, ubicado en la avenida Núñez de Cáceres de la capital.

Sostiene que ese mensaje establece que el dinero sea entregado al hermano de Quirino, Danilo Paulino Castillo, y que de lo contrario utilizarían otros métodos que no conlleva comunicación.

La magistrada precisa que el primer mensaje lo recibió de un número de teléfono desconocido para ella y de una persona que se identificó como Manuel, a quien decidió bloquear porque insistía en el pago de la deuda, pese a que le indicó que siempre se maneja en el sistema formal financiero.

Dice que recibe mensajes amenazantes de una persona que se hace pasar como representante de Quirino.

Añade que, al bloquearlo, esa persona decidió escribirle desde otro número telefónico.

Refiere que esa persona apeló a un tercer número telefónico para seguir enviando mensajes amenazantes, con la advertencia de que tenía un plazo de 72 horas para atender sus exigencias de pago.

Los tres números telefónicos que cita la magistrada tienen códigos de área del exterior.

En el informe, Ramos dijo esperar que se investigue a profundidad la procedencia de esos mensajes y para que se preserve su “integridad física y la de su familia”, toda vez que dice estar en riesgo.