Santo Domingo.- La Vicepresidencia de la República, a través de Progresando con Solidaridad (Prosoli); el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) presentaron el Protocolo Nacional de Actuación para la Protección Social frente a Choques Climáticos, que servirá como marco de actuación institucional en situaciones de emergencia y procesos de recuperación.
El instrumento, iniciativa de la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño, se dio a conocer este miércoles en el Salón Verde del Palacio Nacional, y está dirigido especialmente a la Red de Protección Social y a las organizaciones que participan en el Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres, autoridades ambientales, socios y organizaciones nacionales e internacionales que participan en las políticas de protección social.
La Vicemandataria destacó la importancia de la guía para el proceso de prevención, protección, recuperación e inserción al desarrollo de las familias en condiciones de pobreza y vulnerabilidad, que sean afectadas por fenómenos naturales.
“Este protocolo está siendo visto por países de Latinoamérica. Esperamos cumpla con su cometido, que sea un modelo para atención en caso de desastres, que podamos ir más allá de lo que es la prevención y avanzar a esa fase de la recuperación que es tan necesaria e imprescindible en casos como estos”, indicó la también coordinadora del Gabinete de Políticas Sociales (GCPS).
El documento establece las responsabilidades de cada entidad y la coordinación interinstitucional que debe establecerse en cada etapa del proceso.
Además, delimita las actuaciones de las entidades del GCPS para ofrecer una canasta de servicios sociales que incluye la información y acompañamiento a los afectados, apoyo en la alerta al Centro de Operaciones de Emergencias (COE), identificación de necesidades y de familias que requieran ser incluidas en transferencias monetarias condicionadas transitorias o permanentes y en programas en los que recibirían fondos a cambio de participar en acciones de rehabilitación y recuperación.
Los miembros de los hogares afectados por desastres naturales recibirían también apoyo en los albergues y en los procesos de retorno a sus viviendas, reintegración familiar, asistencia prioritaria a niños, niñas, adolescentes y personas con discapacidad.
En la actividad, Lorenzo Jiménez de Luis, representante residente del PNUD en el país, dijo que “este protocolo se complementa con una estrategia que en la misma dirección está trabajándose bajo el liderazgo del Programa Mundial de Alimentos y que incluye también el tema de la reducción del hambre y la inseguridad alimentaria”.
Mientras que Rosa Elcarte, representante de Unicef, indicó que los niños y niñas son los más vulnerables en situaciones de emergencia, y generalmente los afectados cuando ocurre algún desastre. Resaltó que recientemente se firmó un acuerdo entre la Vicepresidencia y Unicef con el objetivo de apoyar a la población afectada por graves emergencias mediante mecanismos de transferencias condicionadas para una asistencia humanitaria oportuna.
“Este Protocolo Nacional de Protección Social frente a Choques Climáticos es una muestra del compromiso del Gobierno dominicano para fortalecer las capacidades del sistema de protección social y de poner al servicio la prevención, atención y recuperación tras las emergencias”, sostuvo.
Detalles del instrumento
Las entidades del GCPS coordinado por la Vicemandataria, como Prosoli, el Sistema Único de Beneficiarios (Siuben), Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC) y la Administradora de Subsidios Sociales (Adess), encuentran sus responsabilidades delimitadas en el instrumento para responder a los retos que implica garantizar los logros en la reducción de la pobreza frente a choques climáticos y de desastres.
La línea de acción establecida en el documento viene a cubrir necesidades que enfrentan las familias vulnerables luego del cierre de la emergencia, ya que una parte importante de los hogares enfrentan el desafío de garantizar por sus propios medios el acceso y consumo de alimentos, rehabilitar o reconstruir su vivienda, caminos y accesos, cuidar su salud, obtener ingresos y medios de vida, así como protegerse de condiciones sanitarias que en muchos casos han quedado deterioradas.
La guía destaca que en esta etapa se suelen presentar importantes carencias en los hogares, frente a lo cual se ha hecho notorio el vacío de institucionalidad para poder apoyar, asistirlos y evitar, tanto el impacto inmediato en su bienestar, como en las implicaciones posteriores.
Entre las prioridades generales de protección social luego del fenómeno se incluyen la recuperación de medios de vida, rehabilitación de viviendas, establecimiento de condiciones sanitarias y suministro de agua adecuada, protección psicoafectiva, cuidado de niños, niñas, adolescentes y personas en condiciones de discapacidad, entre otras funciones.
El texto establece como tarea permanente la capacitación de los hogares y comunidades vulnerables para la reducción de riesgos; en situaciones de alerta y emergencia identificar los más vulnerables, apoyo al COE, evacuación, protección y cuidado; en tanto que, tras el fenómeno, identificar daños y necesidades de recuperación, orientar y acompañar a las familias en condiciones críticas, conectarlas con programas de transferencia monetaria, inclusión económica, desarrollo social y con otras entidades del Estado.
Para ayudar la recuperación económica de los damnificados se contempla que participen en proyectos artesanales, desarrollo de microempresas, reciban asesoría para establecer huertos, ser priorizados para acceder a aportes del Banco de Alimentos, afiliación al régimen subsidiado del Seguro Nacional de Salud (Senasa), al proyecto Progresando Unidos y para recibir las transferencias condicionadas Incentivo a la Asistencia Escolar (ILAE) y el Bono Escolar Estudiando Progreso (BEEP).
Además, los hijos de las familias que sufran daños por el fenómeno natural podrían ser incluidos en los proyectos educativos de los Centros de Capacitación y Producción Progresando con Solidaridad (CCPP), de los Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC) y en carreras de ciclo corto en el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep).
En cuanto a la identidad, el protocolo contempla ayudar a reponer documentos extraviados o para hacer nuevos registros; acompañar a los jóvenes y a toda la familia a integrarse en las actividades socioculturales de Prosoli, en las de su proyecto Familias en Paz, prevención y atención de violencia de género y embarazo adolescentes.
Entre las obligaciones asignadas al Siuben se encuentra realizar el levantamiento o actualización de información de hogares a efectos de determinar su recategorización y su acceso a beneficios temporales o permanentes; mientras que CTC, a través de las Radio CTC, está llamado a contribuir al desarrollo de la cultura de la protección social frente a choques climáticos, la gestión de riesgos de desastres y la adaptación al cambio climático.
El texto indica que Adess debe elaborar planes de emergencia y de continuidad de los negocios afiliados a la Red de Abastecimiento Social (RAS) para garantizar su operación en las zonas afectadas por desastres.
Acuerdo para evaluar el protocolo
En el acto también se firmó un acuerdo entre Prosoli y el PNUD para implementar un piloto que permitirá poner a prueba el protocolo, evaluarlo y hacer los ajustes que sean necesarios para mejorarlo y fortalecerlo, en el que Unicef colaborará, velando porque los derechos de la niñez se tomen en cuenta antes y durante las emergencias, así como en las intervenciones de recuperación.
El convenio prevé desarrollar capacidades en las redes operativas de las entidades de la política social: Prosoli, el Sistema de Único de Beneficiarios (Siuben), Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC) y la Administradora de Subsidios Sociales (Adess), para la protección física durante las emergencias, social integral y la transición a la recuperación, en varias provincias del país, iniciando en Montecristi y El Seibo.
