Desde 1998, aquí abril fue declarado el Mes de Prevención del Abuso Infantil por Decreto Ejecutivo, recordando que somos signatarios de la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, que obliga al Estado proteger a los niños y niñas de todas las formas de malos tratos perpetrados por padres, madres o cualquiera otra persona responsable de su cuidado, y establecer medidas preventivas y de tratamiento al respecto.

Pese a contar con un marco legal internacional y nacional de protección a la niñez, en la República Dominicana, ser niño o niña, no es fácil, y su enunciación escrita, normada, y discursiva, no refiere a la práctica en la realidad cotidiana, en la que, la niñez y adolescencia con frecuencia alarmante, es abandonada a su suerte.

En los procesos legales de Violencia de Género, como ejemplo, la niñez queda atrapada por ser testigos en primera línea de las agresiones ejecutadas sobre la madre víctima.

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Y les llaman “víctimas colaterales”, cuando son víctimas directas por el solo hecho de presenciarlas y un gran número, también sufren abusos de los agresores.

En muchos países del mundo se protege a niños y niñas de los padres agresores, retirándoles la guarda y hasta la misma Patria Potestad, mientras, en nuestro país, seguimos arriesgando sus propias integridades en nombre de la paternidad.

Los espacios de la justicia encargados de los procesos de una víctima sobreviviente de violencia que logra separarse del agresor no analizan la situación de “guarda compartida” adjudicada a padres violentos, con un panorama de alto de riesgo de manipulación y castigo, más allá de la historia de sobrevivencia.

Nuestro sistema sociocultural, de dominación adultocéntrica, además, cree en la superioridad de las personas adultas y son enfoque de poder masculino, androcéntrico, subordinando los derechos, ideas y hasta sentimientos de los NNA y con sesgos de violencia, limitando su participación y autonomía.

Es un contexto de riesgo permanente en su propia integridad física y emocional, una puerta abierta al dolor, al abuso y maltrato que nos cuesta prevenir porque está integrado a nuestra cultura e incorporado a nuestras prácticas cotidianas de “buena formación”.

Las leyes que actúan -cuando lo hacen- no previenen solo castigan en una amplitud de impunidad que va formando una sociedad violenta desde la niñez y el sistema de atención para estos procesos, está conformado por personas que vienen de esos contextos sin internalizar la realidad determinante.