Al Ministerio de Salud le corresponde promover en lo inmediato una jornada dialogante con la Coordinadora Nacional de la Salud (Conasalud) con el propósito de evitar una anunciada paralización de labores en los servicios hospitalarios, y para alcanzar con esos gremios acuerdos reivindicativos situados entre lo ideal y lo posible.
A la madeja de precariedades que agobia a los centros asistenciales estatales, se agregarían paros de actividades de profesionales bioanalistas, farmacéuticos y enfermeras, sin los cuales no sería posible que el personal médico pueda desempeñar labores de consultas o cirugías.
Los reclamos del personal paramédico incluyen equipamiento de los hospitales, suministro de material gastable y remozamiento de algunas áreas, lo que debería ser atendido cuanto antes por las autoridades, porque eso está en el ámbito de sus responsabilidades y obligaciones.
Esos gremios también exigen nombramiento de más personal en las áreas de enfermería, bioanálisis, farmacias y otras áreas auxiliares o de paramédicos, lo que también debería ser atendido por el Ministerio de Salud y el Servicio Nacional de Salud.
El salario de los trabajadores de la salud ha sido severamente degradado por la inflación, que en término interanual superó el 9%, por lo que el Gobierno debería considerar muy seriamente aumentar los sueldos y salarios de ese personal, así como de los jubilados.
La Coordinadora de Profesionales de la Salud haría bien en suspender su anunciado programa de paralización de labores en hospitales públicos, como gesto de voluntad dialogante que también debe ser acogido por las autoridades, a los fines de arribar a acuerdos laborales de largo alcance.
Interrumpir labores en centros asistenciales estatales agrava los niveles de deficiencia en los servicios y escasez en los suministros de medicamentos e insumos, lo que constituye una violación al derecho constitucional de los pacientes a la asistencia médica y paramédica.
El buen juicio y la sensatez deberían aflorar tanto entre la dirigencia de los profesionales sanitarios como entre funcionarios del Ministerio de Salud y del Servicio Nacional de Salud, en el entendido que ambos sectores procuran que los hospitales públicos cumplan con su cometido de garantizar a la población servicios médicos eficientes e inclusivos.
