SANTO DOMINGO.- A 28 días de suspensión del caso Medusa, el juez del Tercer Juzgado del Distrito Nacional, Amauri Martínez, volvió hoy a subir al estrado, pero para anunciar un nuevo aplazamiento para el próximo viernes hasta que la Corte de Apelación se pronuncie sobre una recusación que le fue hecha por un defensor público, que también lo hizo contra el tribunal de alzada.
El abogado Manuel Sierra, representante legal del imputado Alfredo Augusto Solano, consideró que la paralización del proceso ha sido responsabilidad auténtica del Ministerio Público, porque fueron ellos los que duraron 18 meses con una investigación, donde pidieron prórroga de la investigación y nunca entregaron la documentación a los imputados, depositando unos discos duros con desperfectos.
“Los que han torpedear el proceso han sido los acusadores y probablemente el gobierno”, sostuvo. La Suprema Corte de Justicia (SCJ) conoció la recusación, pero todavía está mañana no había dado a conocer si la acogió o la rechazó.
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De rechazarla remitirá su actuación a la Corte y esta sorteará el expediente recusatorio del juez de primera instancia, Amauri Martínez, entre las tres salas que la integran, lo que también requerirá de un proceso.
En vista de que no se han fallado las recusaciones, el magistrado aplazó la audiencia para el viernes 19 de este mes a las 9:00 de la mañana.
El abogado Bécquer Dukaski Payano, defensor público de Félix Antonio Rosario, implicado en el caso Medusa, recusó al juez Amauri Martinez, del Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, bajo el alegato de que el magistrado evitó tomar una decisión sobre la participación de los abogados del Estado en este proceso.
El juez mantuvo la decisión de enviar a diferido la solicitud de exclusión de los abogados del Estado del caso Medusa, lo que implica que este decidirá en la resolución final de la audiencia preliminar, si estos deben o no participar como querellantes en el caso donde el principal implicado es Jean Alain Rodríguez.
Por esta decisión, el abogado impuso la recusación a la ratificación del fallo del magistrado, alegando que los abogados del Estado, impuestos por el presidente Luis Abinader mediante decreto para que defienda al gobierno dominicano, no tienen calidades, por lo que su intervención como querellantes contamina
Para el abogado los magistrados del tribunal de alzada del DN no garantizan imparcialidad para conocer de la recusación que le formulara al juez que conoce de la audiencia preliminar a los encartados en dicho caso, que tiene como imputado principal al exprocurador Jean Alain Rodríguez.
