El supuesto combate a la corrupción ejecutado por gobiernos peledeístas ha constituido una farsa de la peor naturaleza. El expediente Odebrecht representa el buque insignia de una simulación que persigue guardar apariencias, garantizando que los desenlaces no afecten personajes que disfrutan de máxima protección gubernamental.

Para implementar una auténtica política criminal en general y contra la corrupción pública y privada en particular, se precisa una inquebrantable voluntad política que lejos de estar presente en el PLD y sus gestiones, se traduce en arma poderosa con el propósito de preservar el estado de impunidad histórico que ha prevalecido en este país.

En todo el corrompido entramado para captar obras públicas a través del pago de sobornos, República Dominicana jugó un papel estelar, al extremo de que fue instalada aquí la oficina desde la cual se ejecutaban los pagos ilegales y fue una de las naciones donde más recursos fueron traspasados.

Pese a lo anterior, las pesquisas llevadas a cabo fueron limitadas, parciales y manipuladas. Se suscribió un acuerdo con la empresa favorable para ella; se aceptó sin objeción el monto declarado como soborno; no se abordó el tema de las sobrevaluaciones de obras ni el financiamiento de campañas electorales; se encartaron imputados con marcada desproporcionalidad entre personas vinculadas a gobiernos en los cuales se aprobó la gran mayoría de financiamientos y las pertenecientes a una oposición que manejó un monto mínimo de los mismos; no se incluyó la más importante de las obras, Punta Catalina, en cuyo período de licitación y adjudicación fue cuando más transferencias de fondos se hicieron.

Los resultados del trabajo de investigación de un equipo de periodistas evidenciaron los sobornos pagados para la obtención de las plantas de Punta Catalina. Lo primero que resalta es que lo realizado por estos investigadores es precisamente lo que se le pedía que hiciera al Ministerio Público dominicano.

¿Qué impedía que tales conclusiones fueran obtenidas por la investigación nacional? Estos datos determinan el desprestigio irreversible de la chapucería impulsada por la Procuraduría General.

Otro elemento es el servicio brindado con obsequiosidad por la ilegal comisión designada para investigar la licitación de las plantas, que santiguó la misma en actitud que jamás aceptaría un Ministerio Público que no delegue sus prerrogativas. No podrían justificar su lastimoso rol los integrantes de una entelequia convertida en subterfugio para ocultar lo que más rápido de lo previsto quedó expuesto: Punta Catalina es cuerpo del delito.