El sector público ha sido tan estigmatizado como exclusiva cantera de corrupción que a la juventud de hoy no le atrae servir en el Estado porque correría el riesgo de corromperse mediante conciliábulos con corruptores anidados en el propio gobierno y en el sector privado.

Es una percepción equivocada, aunque se admite que el ente público ha sido fuente de enriquecimiento ilícito y de acumulación de capital en favor de entes corporativos que mercadean privilegios y prácticas desleales empresariales.

Desde la asunción al Poder del doctor Joaquín Balaguer, el 1 de junio de 1966, ha transcurrido un largo periodo matizado por episodios de cruenta represión y lucha reivindicadora por el advenimiento de un auténtico Estado Social de Derecho.

Se admite que el Estado ha servido a intereses políticos y empresariales de uno u otros litorales, ya sea mediante el afianzamiento del control de bienes heredados de la tiranía o por causales del cohecho, incluido asignación irregular de obras públicas. Sería injusto no destacar que el sector público ha promovido obras de infraestructura y de renovación del ensamblaje jurídico político que han coadyuvado a que República Dominicana sea -mucho o poco- lo que es hoy.

Al presidente Balaguer impulsó las leyes agrarias, ley de cuota parte, construcción de los embalses de Tavera-Bao, Valdesia, Hatillo, Jigüey, Aguacate, López Angostura, Sabaneta, Rincón y Sabana Yegua.

Don Antonio Guzmán promovió el retorno de los exiliados y la libertad de los presos políticos, así como el control de la estructura militar antes al servicio de la represión política, además de impulsar políticas de apoyo a la producción agropecuaria e iniciar la presa de Río Blanco.

Al presidente Salvador Jorge Blanco le tocó reorganizar las finanzas públicas, para lo cual tuvo que recurrir al Fondo Monetario Internacional (FMI), con un alto costo en vida y deterioro de la gobernanza, aunque pudo estabilizar factores macroeconómicos.

El presidente Leonel Fernández inauguró la era de las reformas políticas, económicas y sociales, incluida a la de Justicia, el Ministerio Público y de la Administración Publica, construyó el Metro de Santo Domingo, túneles y elevados con éxito y promovió una nueva Constitución Política.

El gobierno de Hipólito Mejia construyó la presa de Mao y el acueducto de la Línea Noroeste, concluyó la construcción del puente Juan Bosch, además de iniciar la ley que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social.

Esas son apenas algunas de las obras más resaltantes emprendidas en esos gobiernos, sin contar lo que hace la actual administración, lo que consolida el criterio de que el sector púbico no puede tildarse de nido de delincuencia, aunque la bacteria de la corrupción se anide en su estómago.