(y II)
La Contraloría General de la República y la Cámara de Cuentas agotan un procedimiento antes de divulgar una auditoría, o mostrarla ante el Ministerio Público. Sus hallazgos son facilitados al incumbente principal del organismo auditado, que tiene la opción de replicarla. En lo atinente a la primera institución, el presidente de la República autoriza su publicación.
¿Por qué el presidente Abinader Corona ha dispuesto la divulgación de auditorías?
Por sus preocupaciones y el cuidado de su imagen para preservar el legado familiar y su empuje político fundamentado en la honestidad, podemos reducir seis razones para que tomara esa audaz iniciativa.
1.- Advertir a los más jerárquicos del pentagrama contable/financiero de cada organismo gubernamental, como un mecanismo para resguardar los recursos del erario que, ante fraudes y alteraciones, como castigo a gran volumen sonarán las trompetas.
2.- Hacer que con tiempo en su ejecutoria afloren los fluidos infecciosos y otros componentes extraños que se anidan en la administración pública, que puedan ser dilucidados, y para alejarse de la complicidad.
3.- Robustecer la política de transparencia, para el pleno conocimiento y ponderación ciudadana del ejercicio ético/moral de los altos gerentes del tren estatal.
4.- Ventilar y dejar en claro “los resultados de las investigaciones” de la Contraloría y que, “cuando el caso lo amerite” sea presentado ante el Ministerio Público.
5.- Dar oportunidad a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) para que requiera los informes de auditorías difundidos, a los fines de su examen jurídico. La prensa ha reseñado que esta instancia utilizó investigaciones de la Unidad Antifraudes de la Contraloría, creada por Abinader Corona, en el expediente de Donald Guerrero, preso por corrupción en Najayo. ¿Seguirá solicitando la Pepca, en secreto, datos a ese organismo oficial de control interno?.
6.- Evidenciar los deslices administrativos menores no punibles, y la integridad de burócratas en el desempeño de su función gubernamental, para que se midan los niveles de escrupulosidad de los funcionarios durante su mandato.
La Pepca no solo actúa con informaciones de la Cámara de Cuentas, sino también de la Contraloría y los medios de comunicación, para profundizar en las investigaciones y determinar si existe o no involucramientos penales.
Siendo así, ¿está el presidente Abinader Corona tirando petardos en el aire, o sentando un precedente en cuanto a la vigorización de la diafanidad en la gestión pública, en un Estado muy débil institucionalmente, históricamente corroído por el soborno y el cohecho, que brotan un hedor?.
Asistimos a un proceso burocrático y socio-jurídico complejo e inédito en 94 años. Para decodificar apropiadamente el mensaje, habrá que readecuar, con el ritmo circulatorio estable y sin tensión ocular, las estructuras cerebrales, con un excelente cristal, en una equilibrada temperatura.