Acertado como siempre, este vespertino, el 13 de octubre del año en curso editorializó dando su atinada opinión sobre el conmovedor accidente de tránsito ocurrido el pasado seis de este mes en el Este del país. Por su contenido completo y muy juicioso, nos suscribimos a ese editorial razonable, imparcial, equilibrado y lleno de verdades.
Los que minimizan esta tragedia no se colocan en el zapato ajeno, sino en mecanismo de presión y chantaje colectivo.
A los choferes asociados a aquel sindicato y la familia del conductor del autobús accidentado no les duele ni se sospechan el dolor sufrido por la familia de los 4 fallecidos, los casi 50 lesionados, algunos con miembros amputados y lesiones permanentes, más el trauma psicológico como sobrevivientes.
A los actores de ese lenguaje alegre y chantajista no les importa los países ajenos y hasta el nuestro que están llorando sus muertos y sus heridos, que por confiarse en nuestro país vinieron a recrearse y divertirse en él, y hoy son miembros de una tragedia tan dolorosa y lamentable. Un sindicato serio, una familia sensata y un conductor responsable, solo hubieran pedido que se aplique la ley de tránsito y un debido proceso, y que la defensa del conductor haga su trabajo de desdibujar la verdad y argumentar la suya a favor de su defendido, como hacen todas las barras de defensa en los tribunales.
Pueden recurrir a todas las atenuantes que consideren y algo más, pues el juzgador se encargaría de todas las agravantes que rodean el vuelco de la guagua y su conductor.
La aplicación de la ley 63-17 ha de ser lo demandado por la sociedad incluidos nosotros como conductores que estamos expuestos a tener accidentes. Debiéramos entender que aunque le cayera todo el peso de la ley a Franklin Nin Pérez, no hay como resarcir la pérdida humana y los daños físicos y psicológicos causados por la aparente irresponsabilidad de un conductor como Nin Pérez o quien fuere.
Le toca al Ministerio Publico defender la acusación con todas sus agravantes. Y tócale al juez imparcial y justo, aplicar la ley en la materia, apoyado en las pruebas que presente el Ministerio Publico.
Lic. Santiago Martinez
