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Afirman ley fideicomiso legalizaría privatización

Afirman ley fideicomiso legalizaría privatización

Miguel Surún Hernández, presidente Colegio Abogados.

El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) denunció este jueves que el proyecto de fideicomiso que se discutirá en el Consejo Económico y Social busca dar visos de legalidad a la privatización de las instituciones públicas, lo que, según afirma, constituye una amenaza para el Estado.

El presidente del CARD, Miguel Surún Hernández, manifestó que por medio de la iniciativa se busca propiciar la entrega del Parque de Generación Eléctrica Punta Catalina, cuyo contrato sería legalizado por las disposiciones de la pieza legislativa, las cuales parecen haber sido redactadas en concordancia milimétrica con dicho contrato.

“Este es un proyecto lesivo a los intereses de la nación, porque abre las puertas a la privatización generalizada del patrimonio público, de todas las entidades públicas, incluyendo ayuntamientos, distritos municipales, ministerios, direcciones generales y corporaciones públicas”, afirmó el gremialista.

Surún Hernández indicó que con el proyecto se corre el riesgo de la desaparición del Estado y de que todas las entidades públicas a favor de empresarios oligarcas, quienes sin recibir el mandato de los dominicanos, tendrán la administración de la cosa pública.

El Colegio de Abogados depositó en el Senado de la República una formal oposición al proyecto de ley de fideicomiso, por considerar que la pieza pretende legalizar la entrega y el despojo irregular del patrimonio público a favor de empresarios.

Consideró que pareciera que se trata del feudalismo en el siglo XXI, porque esos empresarios tendrían la potestad de fijar tasas o cargos por los servicios en perjuicio de un ciudadano que de por sí ya está cargado por impuestos, que supuestamente se han instaurado para brindar los servicios y administrar el patrimonio que se pretende entregar de manera gratuita a través del proyecto de ley.

El jurista indicó que esa política contraviene el artículo 138 de la Constitución y afirmó no existe ninguna legislación que autorice lo que definió como un “atentado al interés público”.

El Nacional

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