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En el plano político, este año reviste mayor importancia que el 2020. Lo más probable es que los peldaños que partidos y candidatos alcancen durante el 2019, en términos de tácticas, estrategias, alianzas, coaliciones, primarias, sea definitorio para los resultados de los certámenes que se realizarán en febrero y mayo del próximo año. En efecto, la nueva ley de partidos impone rigores procesales de ineludible cumplimiento que fuerzan a los contendientes a agotar agendas pautadas para este año, por lo cual, lo que no pudo materializarse en este período, difícil lograrlo después.

De nuevo se repite la historia de la calamidad que representa colocar en vilo una nación ante la expectativa de ser informada sobre si un presidente al que de manera expresa la Constitución con la cual fue electo le prohíbe repostularse, cometerá la desfachatez de vulnerarla con el objetivo de beneficiarse de tan deleznable conducta, lo cual se logra con mecanismos que todos conocemos, pero no muchos repudiamos.

Solo en un país desprovisto de institucionalidad ese primer mandatario anuncia que será luego cuando emitirá su opinión sobre lo que no necesita ser interpretado por la claridad del texto supremo.

El caso es que, genere o no repulsión, esa insólita circunstancia condiciona el devenir nacional porque mientras tal definición no se produzca, cualquier análisis estaría sustentado sobre bases inciertas, ya que el tema no se circunscribe a la decisión en sí, sino a la imprevisible reacción que desataría en la otra facción que a lo interno del PLD disputa la candidatura presidencial.

Si vamos a juzgar por lo que ha sido el comportamiento de Leonel Fernández en los golpes políticos que su adversario le ha propinado, no resulta descabellado suponer que otra vez se rendiría ante un hecho consumado, sobre todo si se considera que la prolongación de la respuesta del presidente persigue, entre otros propósitos, desatar el embrollo cuando las posibilidades para maniobrar de su rival estén aniquiladas.

Lo que parecía una acción descartada, de manera particular ante el surgimiento del caso Odebrecht y otros escándalos de corrupción, el año pasado fue políticamente positivo para el Presidente, y es evidente que recientes acontecimientos apuntan a una inequívoca intención de presentarse de nuevo.

A mí me quedó confirmado cuando al salir de un acto diplomático, reiteró que la ley establece plazos para elegir candidatos y él se acogería a ellos para referirse al tema. ¿Puede haber declaración más sintomática?