El superintendente de Bancos manifestó su respaldo a una iniciativa legislativa que busca establecer un régimen de consecuencias a personas que se dediquen a delitos financieros, en particular a captar recursos del público, particularmente de ciudadanos incautos o poco informados, sin tener autorización de las autoridades correspondientes.

Alejandro Fernández W., dijo que es necesario fortalecer el marco jurídico dominicano para la persecución y sanción de delitos financieros, como se ha planteado en un anteproyecto presentado por la senadora Faride Raful.

Hizo el planteamiento al participar junto a juristas y expertos en el seminario sobre delitos financieros 2023, organizado por la Superintendencia de Bancos (SB) y realizado en el Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano.
“Este anteproyecto surge a causa de las pocas herramientas para perseguir estos actos y de la gran cantidad de personas que se aprovechan de la vulnerabilidad de sus víctimas”, expresó la senadora del Distrito Nacional en el foro.

Dijo que a la pieza legislativa que presentó ante el Congreso Nacional y que tiene como objetivo establecer consecuencias penales para quienes se dediquen a captar recursos del público sin la debida autorización de la Junta Monetaria o la supervisión de la SB.

De su lado, el jurista Carlos Salcedo, uno de los redactores del anteproyecto de ley, manifestó que este instrumento jurídico pretende proveer otras y más robustas herramientas para perseguir y reprimir a quienes captan recursos de manera irregular a través de estructuras piramidales y tipo Ponzi con la promesa de ganancias prontas y desmesuradas.
A juicio de Salcedo es necesario mejorar, revitalizar, actualizar y ampliar la legislación vigente en el país para poder combatir con sanciones penales la intermediación financiera no autorizada más allá de las meras sanciones administrativas”.

Por otro lado, el abogado José Lorenzo Fermín explicó que la evolución de la sociedad y la economía ha traído consigo el surgimiento de nuevas realidades y actores. Por lo cual, la regulación del Estado debe responder a estos nuevos escenarios.