Santo Domingo.-La Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional fijó este lunes para el próximo 14 de febrero el recurso de apelación a la prisión preventiva impuesta al general Juan Carlos Torres Robiou, imputado en el caso Coral 5G.

La audiencia para determinar si se varía o se mantiene la prisión preventiva al exjefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) está pautada para las 9:00 de la mañana.

Con la instancia, el general de la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD) busca que la Corte revoque la decisión dictada en su contra por la jueza del Juzgado de Atención Permanente Kenya Romero, que dictó un año de prisión preventiva.

La presidencia de la Corte designó a la Tercera Sala Penal para conocer dicho recurso a favor de Torres Robiou.

Igualmente, el imputado José Manuel Rosario Pirón acudió a la Corte de Apelación de esa jurisdicción buscando la variación de la medida de coerción dictada en su contra.

También te puede interesar: Casos de corrupción coparon PGR en 2021

También están encartados en el caso Coral 5G el general Julio Camilo de los Santos Viola, de la FARD; el general Boanerges Reyes Batista, del Ejército de República Dominicana (ERD); el capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores, de la Armada; el coronel Carlos Augusto Lantigua Cruz, el coronel Miguel Ventura Pichardo y el cabo Jehohanan L. Rodríguez Jiménez, así como Erasmo Roger Pérez Núñez y César Félix Ramos Ovalle.

Esos imputados fueron arrestados la noche del pasado 17 de noviembre durante los 49 allanamientos realizados en el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, Santiago y La Vega por las autoridades.

El operativo, coordinado por los titulares de la Procuraduría Especializada de la Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Dirección de Persecución, Wilson Camacho y Yeni Berenice Reynoso, respectivamente, se suman a la Operación Coral.

La red de militares del entramado de corrupción administrativa desmantelado con las operaciones Coral y Coral 5G movieron al menos RD$4,500 millones en propiedades y productos financieros, según la investigación que tiene en desarrollo el Ministerio Público.