Gremios empresariales y centrales sindicales han ofrecido a la sociedad una lección de responsabilidad y sensatez al acordar un aumento del salario mínimo de un 19 % para empleados y trabajadores privados no sectorizados que tiene la virtud de situarse entre lo ideal y lo posible.
El acuerdo establece que se aplicará a partir de abril un incremento de 15 % y otro 4 % en febrero de 2024, con lo cual también las partes también procuraron no perjudicar intereses mutuos, ni poner en peligro la estabilidad del empleo.
Esta vez el sector sindical se despegó muy rápidamente de su propuesta inicial de aumento general de un 35 %, por ubicarse muy lejos de la racionalidad, en tanto que representantes de los empleadores se abstuvieron de advertir sobre cancelaciones masivas a causa de una previsible alza salarial.
Tiene razón el presidente Luis Abinader al atribuir ese rápido acuerdo a un triunfo del diálogo tripartito, en razón de que Gobierno, empresarios y sindicatos demostraron tener compromiso con el desarrollo económico y social de República Dominicana.
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Conforme a la nueva escala salarial los trabajadores de grandes empresas devengarán un salario mínimo de 24,150 pesos, que ascenderá en febrero a 25,116 pesos, en tanto que en la mediana empresa, será de RD$22,138 y luego de RD$23,023.
En las pequeñas empresas, cuyo salario mínimo se situaba en 12,900 pesos, ascenderá ahora a RD$14,835, y a partir de febrero, RD$15,428, mientras que en las micro empresas pasará de RD$11,900 a RD$13,685 y luego a RD$14,232. Los vigilantes privados, que devengaban 17,250 pesos, ganarán ahora RD$19,837.
El ministro de Trabajo, Luis Miguel De Camps, exagera al afirmar que el salario mínimo más alto cubrirá el 93 % de la canasta básica del primer quintil, porque esa apreciación no se corresponde con las dificultades que confrontan esos trabajadores frente al nivel de inflación, aun con ese aumento salarial.
Empleadores y sindicatos, al arribar prontamente a un acuerdo sobre reajuste del salario mínimo envían una auspiciosa señal al conglomerado político, económico y social, de que el ejercicio de un diálogo responsable ayuda a la resolución de conflictos, afianza la gobernanza y contribuye al desarrollo de la nación.
